Veneranda Mendoza.
Toluca, Méx.- Piden diputados que el Consejo de la Judicatura vigile y sancione el desempeño profesional de juzgadores y magistrados, después del fallo del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, a quien se señala de absolver al presunto agresor sexual de una niña de cuatro años de edad.
Elías Rescala, presidente de la Junta de Coordinación Política, recordó que todas las actividades del Poder Judicial deben estar reguladas por el Consejo de la Judicatura como encargado de revisar el comportamiento de sus jueces.
“Lo que como representantes populares y de representación social debemos esperar, es que las autoridades judiciales se conduzcan conforme a ley, que haya un tribunal que juzgue y los sancione, mientras tanto no podemos prejuzgar”, especificó.
Por su parte, Maurilio Hernández, vicepresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), llamó al Poder Judicial a poner atención en los casos en que se presumen anomalías, y confió en que éstos sean excepciones a la regla entre el comportamiento y la actuación ética en el ejercicio de la función judicial.
No obstante, aclaró, igual que Rescala Jiménez, que corresponde al Consejo de la Judicatura tomar cartas en el asunto, pues es la instancia facultada para dar seguimiento a la actuación de jueces, magistrados y, consecuentemente, sancionar cualquier violación al marco jurídico, particularmente a la Ley Orgánica del Poder Judicial; en esos casos, manifestó, “tiene toda la obligación de intervenir”.
A través de redes sociales, se difundió el video de la audiencia en que el presunto agresor sexual de una menor de 4 años; en el audio, se escucha a quien parece ser la madre de la víctima, cuestionar las razones de la sentencia, sólo porque la niña, de sólo 4 años, no pudo precisar lugar, día y horario en que ocurrieron los hechos.
El Poder Judicial estatal respaldó el sentido del fallo, mientras la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) expresó su preocupación y rechazó la determinación, al considerar que ignoró el interés superior de la niñez y vulnera los derechos fundamentales de la víctima.
