Veneranda Mendoza.
Toluca, Méx.- “A través de esta denuncia hecha ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) doy cuenta a la autoridad que diversos resultados de las auditorías, que encuadran y coinciden perfectamente con los elementos que en materia penal se requieren para señalar actos delictivos directamente imputables a Raymundo ‘N’”, dijo Mario Cardoso, regidor de Toluca.
En la denuncia se advierte la posibilidad de que el expresidente municipal hubiera incurrido en 5 delitos por hechos de corrupción, entre ellos el peculado que, conforme al artículo 351 del Código Penal del Estado de México alcanza entre 3 meses y 10 años de prisión; y agravio a la Hacienda Pública Municipal que, con base en el artículo 146, puede implicar de 3 a 5 años de prisión.
Desde su punto de vista, también pudo implicar abuso de autoridad, que se encuentra considerado en el artículo 335 y puede sancionarse de 2 a 9 años de prisión; uso ilícito de atribuciones y facultades que se encuentra previsto en el artículo 340 y cuya sanción alcanza entre 6 meses y 12 años de prisión; y/o ejercicio abusivo de funciones que, conforme al artículo 344, alcanza de 3 meses a 12 años de prisión.
“La pena podrá agravarse, ya que el artículo 330 del mismo Código Penal estatal especifica que cuando los delitos sean cometidos por servidores públicos electos popularmente, las penas serán aumentadas hasta en un tercio”, destacó Hernández Cardoso.
En caso de encontrarse culpable en los 5 delitos, expuso el edil, podrá enfrentar una pena de hasta 64 años en prisión, adicional a aquellas sanciones y penas por las cuales ya se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva.
Recordó que el OSFEM practicó 3 auditorías al ejercicio 2022 del ayuntamiento de Toluca, y el 15 de noviembre del 2023 publicó los resultados, con hallazgos alarmantes como adjudicaciones directas plagadas de irregularidades y sin documentación ni soporte, desvío de recursos y funcionamiento ilegal del Comité de Adquisiciones y Servicios.
También detectó contrataciones, adjudicaciones indebidas, compras fraccionadas, pago de gasolina a vehículos no oficiales, inoperabilidad de obras, cantidades de obra pagada no ejecutada, simulación de ejecución de obra, contratación simulada, entre otros.
Dijo que todos los resultados de las auditorías son completamente públicos, consultables y corroborables, y si bien el OSFEM está en posibilidad de solicitar el inicio de procedimiento por estas observaciones, solo se persiguen por la vía administrativa.
El edil rechazó proporcionar mayores detalles sobre la querella, bajo el argumento de que no desea entorpecer u obstruir la investigación.
“Puedo asegurar que todos los elementos de prueba que ofrecí son de carácter público, ni más ni menos, y pueden también encontrarlo tanto en la página de internet del Ayuntamiento de Toluca como en la del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM)”, manifestó.
El edil pidió a las autoridades ministeriales ser exhaustivas en sus diligencias para integrar la carpeta correspondiente.
“Hago un llamado a todos los síndicos y regidores de los 125 municipios del Estado de México a exigir un buen gobierno en beneficio de los ciudadanos, hacer valer desde nuestras atribuciones lo plasmado en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que sostiene que ‘Toda persona tiene derecho a un buen gobierno, abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, incluyente y racional’”, concluyó.
