Ciudad de México.- Amnistía Internacional expresa su preocupación por el uso excesivo de la fuerza ejercido por policías municipales de San Andrés Cholula, Puebla, contra personas que protestaban de manera pacífica, el martes 30 de abril, contra la ampliación de un relleno sanitario que carece de permisos, que podría afectar mantos acuíferos y por lo tanto la salud de las personas que habitan en la zona.
Ante esta grave situación, Amnistía Internacional hace un nuevo llamado urgente a las autoridades de todos los órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) a garantizar el derecho a la protesta pacífica, a que investiguen los hechos y reparen de manera integral el daño a las personas afectadas.
De acuerdo con información de personas que atestiguaron los hechos, la intervención policial ocurrió durante la noche del martes 30 de abril. Las personas detallaron a Amnistía Internacional que al llegar al sitio se percataron de que en la madrugada habían sido retirados los sellos de clausura del basurero a cuya ampliación se oponen diversos pueblos cholultecas de la región de los volcanes.
Posteriormente, alrededor de las 16:00 horas, llegaron al basurero al menos tres personas en motocicleta, las personas manifestantes –que eran principalmente mujeres, niñas y niños– se sintieron intimidadas y solicitaron apoyo a personas de los pueblos aledaños, algunas de las cuales llegaron al sitio.
Más tarde, patrullas de la policía estatal y municipal de San Andrés Cholula y de Cuautlancingo llegaron al lugar, junto con al menos 10 camiones de basura que pretendían entrar al basurero, a lo que se opusieron las personas manifestantes.
Seguido de ello, agentes de la policía de San Andrés Cholula golpearon a las personas que impedían el acceso de los camiones al relleno sanitario, arrojaron una motocicleta al fuego y golpearon autos. Además, realizaron detonaciones de armas de fuego.
Personas que estaban en el lugar también reportaron que elementos de la policía ministerial de San Pedro Cholula allanaron sin autorización, al menos, una casa de una persona relacionada con las protestas.
Tal como Amnistía Internacional lo ha señalado en su informe México. Tierra y ¿Libertad?, la protesta pacífica es un derecho que se encuentra protegido por el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que es obligación del Estado mexicano protegerlo y garantizarlo. Las autoridades estatales y municipales, como parte del Estado están obligadas a ello. Además, la protesta es una vía para exigir otros derechos humanos y para denunciar violaciones a los mismos.
Amnistía Internacional reitera su llamado respetuoso al Gobierno del Estado de Puebla, a los municipios de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla y San Andrés Calpan, así como a las autoridades federales de Conagua, Semarnat y Profepa, a continuar con la apertura al diálogo; brindar a las personas de la comunidad la atención que requieren y dar solución a las demandas que mantienen desde hace varios años.
Asimismo, hacemos un atento llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en apego a sus respectivas atribuciones, documenten los hechos ocurridos y realicen el monitoreo de las protestas a fin de prevenir más violaciones a derechos humanos.
