Toluca, Méx.- Con el firme propósito de reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y asegurar que la ciudadanía tenga acceso a la información pública, la legisladora Araceli Casasola Salazar (PRD), presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la LXII Legislatura mexiquense, afirmó que promoverán acciones contundentes para que los organismos autónomos cuenten con herramientas efectivas que garanticen los derechos ciudadanos.
Durante la instalación del órgano legislativo, Casasola subrayó que la transparencia no debe verse únicamente como una obligación legal, sino como un valor fundamental en un Estado democrático. Adelantó que los ejes principales de su gestión serán el acceso ágil a la información pública, la protección de datos personales y la incorporación de tecnología innovadora para facilitar el acceso de la población a estos derechos.
En presencia de importantes figuras del ámbito público, como Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral estatal, y representantes del Instituto de Transparencia del Estado de México (Infoem), Casasola indicó que trabajarán de la mano con los órganos públicos para establecer mecanismos vanguardistas que fortalezcan la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre la administración pública.
Israel Espíndola López (PVEM) llamó a otorgar mayor capacidad a los organismos de transparencia para sancionar a las entidades que incumplen sus obligaciones de informar, mientras que el diputado Edmundo Valdeña Bastida (Morena) criticó la existencia de organismos autónomos que, en su opinión, se han alejado de su propósito original y duplican funciones.
En el encuentro, Leticia Mejía García (PRI) resaltó la importancia de ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace, subrayando que no se puede defender el derecho a la información mientras se atacan medios que brindan esos datos.
La legislatura dejó claro que la transparencia y el acceso a la información serán temas prioritarios, no solo para mejorar la relación entre el gobierno y los ciudadanos, sino para combatir uno de los mayores problemas que enfrenta el país: la corrupción.
