El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, recibió una sentencia de 38 años de prisión el 16 de octubre de 2024. Esta decisión fue tomada por el juez Brian Cogan en una corte federal de Nueva York, luego de que en 2023 fuera declarado culpable de cinco cargos, cuatro relacionados con el narcotráfico y uno por mentir a las autoridades estadounidenses.
Antecedentes del caso
El juicio contra García Luna comenzó en febrero de 2023, cuando fue acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa mientras ocupaba su cargo en el gobierno de Felipe Calderón. Durante el proceso, varios testigos, incluyendo exmiembros de dicho cártel, declararon que García Luna había facilitado el tráfico de drogas y protegido a los narcotraficantes a cambio de millonarios sobornos.
A pesar de que la Fiscalía de Estados Unidos había solicitado una sentencia de cadena perpetua, el juez Cogan decidió imponerle una condena de 460 meses, lo que equivale a más de 38 años de cárcel. Además, se le impuso una multa de dos millones de dólares y cinco años de libertad supervisada tras cumplir su sentencia.
El juicio y la sentencia
García Luna, quien se presentó ante el tribunal vestido de traje, tuvo la oportunidad de emitir su último mensaje, en el que reiteró su inocencia y alegó ser víctima de un complot. Sin embargo, el juez Cogan señaló que sus condecoraciones como funcionario formaban parte de una fachada para ocultar sus actividades ilícitas.
El magistrado también explicó que no lo condenó a cadena perpetua porque consideró que García Luna había realizado acciones positivas durante los casi cinco años que ha estado en prisión, como ofrecer clases a otros reclusos. Esto motivó la reducción de su sentencia.
Implicaciones de la sentencia
Con esta condena, García Luna se convierte en el funcionario mexicano de más alto rango condenado en Estados Unidos por su colaboración con el narcotráfico. La sentencia también deja en el aire preguntas sobre la posible participación de otros actores en los delitos cometidos durante el gobierno de Felipe Calderón.
Este caso representa un precedente significativo en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, ya que destaca la cooperación internacional para llevar ante la justicia a quienes, desde cargos públicos, colaboraron con el crimen organizado.
