El Poder Judicial ha obstaculizado la aplicación de diversas leyes y políticas públicas que buscan el bienestar de la ciudadanía, expuso este lunes en la conferencia matutina, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La funcionaria afirmó que jueces y magistrados han utilizado suspensiones y amparos para frenar obras públicas y reformas importantes.
Atrasos en el sistema judicial
Rodríguez señaló que uno de los problemas más graves es la demora en la emisión de sentencias para personas privadas de la libertad. De acuerdo con la secretaria, de las 21 mil personas recluidas en centros federales, más de 6 mil 97 no han recibido sentencia. Esto significa que aproximadamente el 28% de los internos espera una resolución judicial, algunos por más de una década.
El Cefereso Femenil de Morelos es un ejemplo claro de esta problemática. En este centro, 415 mujeres han esperado entre uno y 17 años para recibir sentencia. El 34% de las internas lleva entre 9 y 12 años sin una resolución judicial.
Suspensiones y amparos: obstáculos para el gobierno
Rodríguez también destacó que el Poder Judicial ha emitido suspensiones y amparos en contra de leyes clave para el gobierno federal. Entre las leyes más afectadas se encuentra la Ley de la Industria Eléctrica, que acumula 161 suspensiones, y la Ley de la Guardia Nacional, con cinco suspensiones.
El Tren Maya y los libros de texto gratuitos también se han visto frenados por suspensiones judiciales, lo que ha afectado el desarrollo de proyectos prioritarios del gobierno federal.
Acusaciones de nepotismo y corrupción
Además de las demoras en sentencias y las suspensiones, la secretaria de Gobernación denunció prácticas de nepotismo y corrupción dentro del Poder Judicial. Según información del Consejo de la Judicatura Federal, más del 49% de los empleados del Poder Judicial tienen familiares trabajando dentro del mismo. Rodríguez indicó que esta situación fomenta la falta de transparencia y genera conflictos de interés.
La funcionaria también destacó que, de las 38 mil quejas presentadas contra jueces y magistrados entre 2004 y 2023, solo 472 fueron sancionadas, lo que representa un bajo porcentaje de castigos en comparación con las irregularidades denunciadas.
Críticas por salarios y prestaciones
Finalmente, Rodríguez criticó los altos salarios y prestaciones que reciben jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Señaló que un ministro de la Corte puede ganar hasta 792 mil pesos mensuales, lo que considera desproporcionado en comparación con el resto del servicio público.
Rodríguez concluyó su intervención subrayando la necesidad de reformar el Poder Judicial para que responda de manera más eficiente a las necesidades del pueblo de México.
Resistencia en el Poder Judicial
En relación con este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que México esté viviendo un golpe judicial, como algunos han sugerido. La mandataria argumentó que lo que se está presenciando es una resistencia por parte de jueces, magistrados y ministros que no quieren dejar sus puestos frente a la reforma al Poder Judicial.
Sheinbaum afirmó que la reforma se aprobó con una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y por la mayoría de los congresos locales. Además, pidió a los jueces que, desde este lunes, realizan una conferencia de prensa diaria, que expliquen por qué siguen percibiendo ingresos pese a mantenerse en paro por más de dos meses. También cuestionó la falta de acciones por parte del Consejo de la Judicatura Federal para suspender los pagos a estos jueces.
