Veneranda Mendoza
Respaldará la Central Campesina Cardenista (CCC) la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para elevar a rango constitucional la prohibición del consumo de maíz transgénico, después de que el panel internacional del T-Mec denegó a México esa posibilidad.
Max Correa, dirigente de la organización, recordó que hace unos días México perdió el panel del T-Mec para prohibir la importación de maíz transgénico para el consumo humano y el uso del glifosato para producir alimentos en la República mexicana.
Por esta razón, indicó, la vía alternativa es materializar la prohibición desde la Carta Magna de país: “Respaldamos la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de proponer hacia febrero una reforma constitucional para que no sólo quede en un decreto, como lo propuso el presidente López Obrador, sino que la prohibición sea constitucional, lo que es muy importante”.
Esta modificación jurídica, refirió, debe acompañarse con un programa para incrementar la producción nacional de maíz, mediante la protección de los maíces nativos y el impulso de la producción de maíz amarillo, que es el que demanda la industria mexicana e importa de Estados Unidos.
“Somos autosuficientes en el maíz blanco que es el que utiliza la industria de la masa y la tortilla, pero no en el amarillo que utiliza la industria agroalimentaria para la producción de huevo, carne de pollo, pavo, cerdo, para el ganado, fabricación de almodones, pañales, toallas femeninas, entre otros productos”, explicó.
En el Estado de México, refirió, se siembran cada año alrededor de 500 y 600 mil hectáreas de maíz, la mayor parte son nativos, para el autoconsumo, y sólo 15% es híbrido para la industria de la masa y la tortilla, y muy poco maíz amarillo.
La entidad mexiquense, prosiguió, es entre la cuarta y sexta productora de maíz a nivel nacional, dependiendo de las condiciones de la temporada; la primera es Sinaloa, le siguen Jalisco, Michoacán, y los siguientes lugares los disputan Tamaulipas, Guanajuato y el Estado de México, en éste último la mayor parte son minifundios, los productores generalmente tienen entre dos o tres hectáreas, y son pocos quienes tienen más.
Correa Hernández planteó que, de forma paralela, es preciso diseñar una política de fomento que implique la obligación del estado mexicano de proteger y producir maíces nativos e híbridos. También los gobiernos de los estados, dijo, tendrán que diseñar sus propias políticas de autosuficiencia y de producción y fomento a la producción para apostarle a la soberanía.
De igual manera, debe incrementarse la superficie de las tierras de riego, lo que puede ir de la mano del plan hídrico nacional que contempla poner orden a las concesiones de agua para eficientar su uso.
También, indicó, tienen que incrementarse los créditos, la asistencia técnica, una transición hacia la agroecología, de tal manera que ese incremento no esté directamente vinculado con el uso de los pesticidas, poner en marcha una política de recuperación de suelos que fortalezca la asistencia técnica al productor, y una política de precios a insumos, como el diésel, la gasolina, y garantizar el precio del maíz que, para México, es un asunto de seguridad nacional y de salud pública.
Finalmente, reconoció la posibilidad de que Estados Unidos muestre su disgusto con la reforma, pero destacó que “México debe convivir con esa realidad y tomar sus propias decisiones. Ellos (los norteamericanos) no respetan el TLC ni los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio que prohíbe subsidios que alteren el mercado internacional de alimentos”.
Si el vecino del norte es soberano y autónomo para diseñar sus políticas y de manera arbitraria implementa políticas agrícolas quinquenales con importantes subsidios que en el mercado mundial de alimentos son precios dumpin subsidiados por el tesoro norteamericano, porque para ellos el alimento es un arma de guerra, dijo, México está en su derecho de establecer sus propias políticas públicas.
