Tenango Del Valle, Méx.- Un juez del Poder Judicial del Estado de México, con sede en el Distrito Judicial de Tenango, dictó prisión preventiva oficiosa a María del Rosario “N” por su probable participación en el delito de extorsión, agravado por haberse ostentado como miembro de un grupo delictivo y cometido con violencia, aprovechándose de una relación laboral con la víctima, cuya identidad ha sido reservada.

Detalles del proceso judicial

En la audiencia inicial, el juez decretó la detención judicial de la imputada y autorizó la duplicidad del plazo constitucional, que vence el próximo 2 de febrero, para que la defensa presente pruebas a su favor. La continuación de la audiencia inicial está programada para el 31 de enero.

El caso: amenazas y vínculos con un grupo delictivo

Los hechos ocurrieron en febrero de 2024, cuando María del Rosario “N”, en complicidad con dos hombres, presuntamente extorsionó a un integrante del Cabildo de Santo Tomás en el edificio del Ayuntamiento. Según el relato de la víctima, María del Rosario “N” lo habría amenazado para obligarlo a firmar documentos oficiales. Además, uno de los acompañantes de la acusada afirmó ser miembro de un grupo delictivo con origen en Michoacán, lo que agravó las amenazas.

Prisión preventiva por seguridad y riesgo

La medida de prisión preventiva oficiosa fue impuesta debido a la gravedad del delito, la naturaleza de las amenazas y los presuntos vínculos con grupos delictivos. De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, este tipo de delitos implica una alta punibilidad por su impacto en la seguridad pública y el abuso de relaciones laborales para cometerlo.

Próximos pasos en el caso

El proceso continuará el 31 de enero, donde se determinará si se vincula a proceso a María del Rosario “N” con base en las pruebas presentadas. En caso de vinculación, enfrentará un juicio que podría derivar en una sentencia severa si se comprueba su culpabilidad.

Este caso pone en el foco la importancia de combatir la extorsión y los presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos delictivos, una problemática que afecta gravemente la confianza en las instituciones y la seguridad de la ciudadanía.

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