Toluca.- El Poder Judicial del Estado de México sentenció a 47 años y 6 meses de prisión a Brandon Edgar Zamora Arredondo y Hosni Daniel Rodríguez Sánchez por el delito de extorsión en agravio de un comerciante en Naucalpan. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su responsabilidad en los hechos.
Extorsión en un negocio de alimentos en Naucalpan
El ilícito ocurrió el 23 de abril de 2024 en un mercado de la colonia San Francisco Cuautlalpan. Ambos sentenciados exigieron al dueño de un negocio de venta de alimentos la cantidad de 500 mil pesos a cambio de “seguridad” y de no causarle daño.
Ese mismo día, la víctima recibió una llamada telefónica que le instruyó trasladarse a la colonia Loma Linda, también en Naucalpan, para entregar la cantidad solicitada. La persona afectada, luego de entregar una parte del dinero, solicitó apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), quienes desplegaron un operativo en la zona.
Detención y aseguramiento de pruebas
La movilización policial derivó en la captura de Zamora Arredondo y Rodríguez Sánchez. Durante la acción, las autoridades aseguraron un arma de fuego, un objeto punzocortante y dinero en efectivo. Ambos individuos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien inició la indagatoria correspondiente.
Posteriormente, los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición del Representante Social.
Sentencia y medidas legales
Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, un Juez dictó la sentencia de condena contra los implicados. Además de la pena privativa de libertad, se les impusieron multas económicas y se les suspendieron sus derechos civiles y políticos.
Denuncias ciudadanas
La FGJEM invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través del correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, la línea telefónica 800 7028770, o mediante la aplicación FGJEdomex disponible para dispositivos iOS y Android.
Este caso subraya el compromiso de las autoridades mexiquenses en combatir la extorsión y proteger a los comerciantes del estado.