Toluca.- El Congreso del Estado de México analizó la eliminación del delito de ultrajes en contra de personas servidoras públicas, contemplado en el Código Penal estatal. Diputadas de Morena, PRI, PAN y MC coincidieron en que este tipo penal inhibe la libertad de expresión y atenta contra los derechos humanos.
Análisis legislativo sobre la derogación del delito de ultrajes
Durante la sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, las legisladoras debatieron las iniciativas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC). Ambas propuestas buscan eliminar el delito de ultrajes del marco normativo del Estado de México.
La diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio, del PAN, consideró que la medida fortalece la participación social, ya que permite a la ciudadanía exigir al gobierno el cumplimiento de sus obligaciones. Argumentó que la expresión de opiniones sobre las acciones gubernamentales no debe castigarse penalmente.
Ruth Salinas Reyes, legisladora de MC, indicó que el tipo penal presenta ambigüedades y su aplicación se deja al arbitrio de la persona ofendida. Señaló que su existencia permite conductas intimidatorias como el “charoleo” y las “mordidas”.
Posturas de las legisladoras sobre la derogación
Nelly Brígida Rivera Sánchez, diputada de Morena, destacó que la eliminación del delito facilitará que las y los funcionarios públicos rindan cuentas sin restricciones. Agregó que su permanencia podría ser usada como una herramienta de control.
Jennifer Nathalie González López señaló que la definición actual del delito de ultrajes permite su interpretación discrecional y que podría ser utilizada para inhibir el ejercicio de derechos fundamentales.
Mercedes Colín Guadarrama, diputada del PRI, respaldó la propuesta y enfatizó que la libertad de expresión es una garantía social que debe respetarse. Recordó que las leyes de desacato no son compatibles con la protección de los derechos humanos.
Postura del Ejecutivo sobre la derogación del delito
Luis Miguel Carriedo Téllez, titular de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, explicó que el tipo penal no es compatible con los estándares internacionales de derechos humanos. Aseguró que su eliminación mejorará las condiciones para ejercer la crítica sin que ello implique una sanción penal.
Javier de Jesús Domínguez González, encargado de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, afirmó que, aunque no existen registros de personas imputadas por este delito, su vigencia podría dar lugar a su aplicación en cualquier momento.
Alcance de la reforma y consecuencias jurídicas
El delito de ultrajes, según el Código Penal estatal, se configura cuando una persona expresa de manera directa o indirecta una acción considerada ofensiva hacia una autoridad o institución pública. La normativa actual establece penas de seis meses a dos años de prisión y multas de hasta 150 días de salario mínimo.
De aprobarse la derogación, las personas podrán manifestar opiniones críticas sobre el actuar de las autoridades sin el riesgo de enfrentar sanciones penales. El debate continuará en las próximas sesiones legislativas antes de someter la iniciativa a votación en el Pleno.
