Toluca.- La LXII Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad la reforma constitucional que prohíbe la reelección consecutiva en cargos de elección popular y evita la sucesión de estos puestos entre familiares directos. Esta medida busca garantizar la alternancia política y frenar la concentración del poder en grupos familiares.

Detalles de la reforma aprobada

Con la modificación constitucional, a partir del proceso electoral de 2030, quienes ocupen un cargo de elección popular no podrán postularse nuevamente de manera consecutiva para el mismo puesto, ya sea en ámbitos federal, estatal o municipal. Además, se estableció la prohibición de postulaciones de familiares directos del titular saliente.

La restricción aplicará para cónyuges, parejas, hijos, padres, hermanos y parientes hasta el cuarto grado en línea colateral y el segundo por afinidad, siempre que hayan mantenido ese vínculo en los últimos tres años antes de la elección.

Posturas en el Congreso

Durante la discusión, la bancada de Morena destacó que la medida busca erradicar el dominio de grupos políticos tradicionales. El diputado Israel Espíndola López afirmó: “El poder no es un negocio de familia, sino un mandato del pueblo”.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Ruth Salinas Reyes respaldó la reforma, aunque cuestionó que entre en vigor hasta 2030 y no en 2027. Por su parte, el diputado del PRI, Eduardo Zarzosa, criticó que la reforma no se haya impulsado desde el inicio del gobierno federal en 2018.

Estados que han aprobado la reforma

El Estado de México se convirtió en la quinta entidad en aprobar la reforma después de Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca y Sinaloa, sumándose así al bloque de congresos locales que han dado el visto bueno a la iniciativa avalada previamente en la Cámara de Diputados federal.

Conclusión

Con esta reforma, se busca evitar la concentración del poder en dinastías políticas y fomentar la renovación en los cargos de elección popular. La aprobación unánime en la Legislatura del Edoméx refuerza el compromiso con la transparencia y la equidad en los procesos electorales futuros. La medida entrará en vigor en los comicios de 2030, lo que dará tiempo a los partidos políticos a adaptarse a las nuevas disposiciones.

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