Toluca.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la LXII Legislatura respaldó la iniciativa conocida como “Ley Silla”, que propone dotar de sillas con respaldo a las personas servidoras públicas que realizan sus actividades de pie. La propuesta fue presentada por la diputada Maricela Beltrán Sánchez y obtuvo el respaldo de legisladores del PT, PRI y PAN.
Durante la sesión las y los congresistas coincidieron en que la medida dignifica los derechos laborales y mejora las condiciones de salud de quienes laboran en la administración pública.
Plantearon condiciones de ergonomía para mejorar la salud laboral
Objetivo de la reforma
La diputada Maricela Beltrán destacó que la propuesta busca reformar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. El objetivo es garantizar que existan sillas o asientos con respaldo en las áreas laborales, para su uso durante descansos periódicos, en apego a principios de dignidad humana y justicia laboral.
Afectaciones actuales
Señaló que en el Estado de México laboran más de 159 mil personas en el sector central como servidoras públicas. Muchas de ellas pasan gran parte del día de pie o sólo cuentan con bancos sin respaldo. Esto, afirmó, genera problemas de salud que pueden prevenirse con condiciones ergonómicas adecuadas.
Respaldo legislativo
El diputado Ernesto Santillán Ramírez respaldó la propuesta y explicó que la iniciativa busca consolidar la justicia laboral. También mencionó que benefició a trabajadores de dependencias federales, estatales, ayuntamientos, sector salud, poderes legislativo y judicial, así como escuelas públicas.
Por su parte, la diputada Mercedes Colín precisó que se debe garantizar al menos un asiento o silla con respaldo para cada persona que deba trabajar de pie durante su jornada. A su vez, la diputada Emma Álvarez planteó que las instituciones públicas tengan la obligación de dotar estos asientos dentro de las áreas laborales.
Plazos y obligaciones institucionales tras la posible aprobación
Modificación de reglamentos
De aprobarse la reforma, las instituciones públicas deberán modificar sus reglamentos de condiciones generales de trabajo en un plazo máximo de 60 días naturales. Estas modificaciones deberán incluir el derecho de las personas trabajadoras a usar sillas o asientos con respaldo durante la jornada laboral.
Ajustes administrativos
La Oficialía Mayor y los 125 ayuntamientos del Estado de México también estarán obligados a realizar los ajustes necesarios para cumplir con la reforma. El plazo para ello será de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto correspondiente.
Conclusión
La Ley Silla representa un paso hacia la mejora de las condiciones laborales en el servicio público. De concretarse su aprobación, cada institución estará obligada a garantizar espacios de descanso adecuados para el personal. El tema continuará en análisis legislativo. Se invita a la ciudadanía a seguir este proceso y conocer cómo impactará en la vida laboral de miles de personas en el Estado de México.
