Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
La ley que deja de pedir permiso…
En un país donde la burocracia suele ir más rápido que la justicia y el miedo opera como cómplice de la impunidad, la reciente reforma alCódigo Penal de Sinaloa marca un paso firme hacia un Estado más proactivo y menos indiferente ante uno de los delitos que más erosiona la seguridad cotidiana: el robo de vehículos.
Con 37 votos a favor y por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó una modificación crucial: a partir de ahora, este delito se perseguirá de oficio, es decir, sin que la víctima tenga que formalizar una denuncia. Esta simple pero poderosa decisión legal representa mucho más que una reforma técnica: es un viraje filosófico, una postura ética del Estado frente a su responsabilidad de actuar, incluso cuando el ciudadano —por miedo, desconfianza o desgaste— guarda silencio.
Porque hay silencios que no son olvido, sino supervivencia. En zonas donde la delincuencia tiene rostro conocido, placa falsa o respaldo político, muchos ciudadanos prefieren callar antes que poner en riesgo su vida. Y en esa callada resignación se enquista la impunidad. Por eso, quitarle a la denuncia la categoría de requisito no es solo una simplificación legal: es un acto de justicia anticipada, un reconocimiento tácito de la complejidad del miedo ciudadano.
La reforma al artículo 237 también incluye la posibilidad de actuar contra quienes alteren números de serie o usen vehículos con reporte de robo. Esto, en la práctica, abre una puerta estratégica para desarticular las cadenas de comercialización clandestina, muchas veces vinculadas a estructuras criminales más grandes que van desde talleres ilegales hasta redes de venta con fachada empresarial.
Pero no todo debe quedarse en la letra escrita. La eficacia de esta reforma dependerá de la voluntad operativa de las instituciones: policías capacitados, ministerios públicos sin corrupción, y un sistema judicial ágil y confiable. De lo contrario, se corre el riesgo de que el entusiasmo legislativo se diluya en la inercia de siempre.
El aplauso es justo, sobre todo porque proviene de un Congreso que en otras ocasiones ha sido pasivo o complaciente. Destacan en esta iniciativa los nombres de diputadas y diputados deMorena como Arely Ruiz López, Eligio López Portillo y María Teresa Guerra Ochoa, quienes lograron que la reforma fuera dictaminada y aprobada sin resistencias visibles. Es, quizás, un ejemplo de que cuando hay voluntad política, incluso las estructuras más oxidadas pueden moverse.
Hoy, Sinaloa da un paso hacia adelante, uniéndose a otras entidades que buscan cerrar las grietas por donde escapa la justicia. Es una señal de que el Estado empieza a entender que no basta con pedirle al ciudadano que denuncie; hay que darle razones para confiar en que hacerlo sirve de algo.
En una era donde el delito se sofistica y la justicia parece siempre llegar tarde, perseguir de oficio el robo de vehículos es una forma de devolverle al Estado su papel protagónico. Porque la ley, para ser justa, no puede depender solo de la voz del agraviado; debe también escuchar el eco del daño, aunque nadie lo grite.
GOTITAS DE AGUA:
La pregunta que queda en el aire es: ¿será esta reforma el inicio de un nuevo paradigma o simplemente una victoria aislada en medio del desierto legislativo? El tiempo —y la aplicación efectiva de la norma— tendrá la última palabra. Pero por ahora, celebremos que, al menos esta vez, el Congreso no legisla desde la comodidad del escritorio, sino desde la urgencia de la calle.“Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos mañana”…
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