Por Luis Felipe García Chávez
Violencia y Acoso: Lo que no debe callarse
“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo.”
Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz y superviviente del Holocausto
Acosar es ejercer violencia. Y ejercer violencia es vulnerar derechos, lastimar a las personas y dañar profundamente el tejido social. Por eso, cuando hablamos de acoso por razón de género, violencia política, sexual, hostigamiento laboral o cualquier otra forma de agresión sistemática, no hablamos de “exageraciones” ni de “malos entendidos”, sino de conductas que deben ser visibilizadas, atendidas y sancionadas.
Hoy más que nunca, las instituciones públicas están llamadas a ser espacios seguros, donde todas la personas, sin importar su condición o posición, puedan desempeñar su labor con respeto y dignidad. Esto no puede ser un discurso vacío: tiene que traducirse en acciones concretas, en marcos normativos funcionales y en protocolos que realmente se activen cuando hay una denuncia.
En la práctica, sin embargo, seguimos viendo cómo muchas víctimas enfrentan no solo el dolor de haber sido violentadas, sino también la indiferencia institucional, el descrédito, el silencio cómplice o incluso represalias. Se les cuestiona por hablar, se les responsabiliza por lo que vivieron y se les exige “prudencia”, como si alzar la voz fuera un riesgo personal y no una exigencia de justicia.
Este tipo de violencia no se resuelve con llamados ambiguos ni con simulaciones administrativas.
Se requiere una investigación seria, imparcial, profesional, que respete el debido proceso pero que no olvide a la víctima. Porque cada denuncia es una alerta, una oportunidad para corregir y para transformar una realidad que, si no se enfrenta, se perpetúa.
Y más allá del ámbito legal, hay una responsabilidad ética. Callar, mirar hacia otro lado o minimizar estos hechos convierte a las y los servidores públicos en cómplices de una cultura institucional que normaliza la violencia. No es posible construir un servicio público íntegro si se tolera el abuso dentro de sus propias estructuras.
Como regidor del Ayuntamiento de Toluca, no puedo permanecer indiferente. Mi deber es alzar la voz cuando se vulneran derechos, cuando se ejerce violencia o cuando se pretende ocultar lo que debería investigarse con transparencia. Acompañar a las víctimas, exigir la aplicación de los protocolos existentes y fomentar una cultura de respeto no es opcional: es parte fundamental de nuestra labor.
La política, en su sentido más amplio, debe estar al servicio de la dignidad humana. Y no puede haber dignidad donde hay miedo, hostigamiento o abuso.
Garantizar espacios libres de violencia no es un favor. Es una obligación legal, ética y humana. Y para ello, la voluntad política debe ser clara, constante y valiente.
