Suspensión provisional y amparos colectivos, en la mira
Chihuahua, Chih.— El diputado Ismael Pérez Pavía (PAN) presentó ante el Congreso del Estado una proposición —con carácter de punto de acuerdo— para exhortar al Senado de la República a revisar con cautela la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo enviada por el Ejecutivo Federal, al considerar que aprobaciones apresuradas podrían debilitar garantías constitucionales y derechos humanos.
En su pronunciamiento, Pérez Pavía recordó que el juicio de amparo ha sido «el mecanismo más efectivo para proteger a las y los ciudadanos frente a abusos de autoridad» y advirtió que la propuesta contiene cambios que afectarían de manera directa a la defensa legal de la población.
Suspensión provisional y amparos colectivos, en la mira
El legislador señaló que la reforma busca, entre otras modificaciones, limitar la figura de la suspensión provisional —la herramienta que permite frenar actos presuntamente ilegales de autoridades— y restringir la procedencia de amparos colectivos. Alertó que medidas así dejarían a miles de personas sin herramientas para impugnar desalojos, la falta de medicamentos o daños al medio ambiente.
Denuncia traslado de sanciones al erario que exime a funcionarios
Otra arista criticada por Pérez Pavía es la intención de trasladar al erario las sanciones por incumplimiento de sentencias, lo que, dijo, podría eliminar la responsabilidad directa de los servidores públicos. «Si se elimina la suspensión o se debilitan los amparos colectivos, miles de personas quedarían sin herramientas legales para protegerse de abusos», afirmó.
Exhorto al Senado: análisis exhaustivo para evitar retrocesos
El punto de acuerdo presentado pide expresamente que el Senado realice un análisis exhaustivo y garantista de la iniciativa para evitar retrocesos en el Estado de Derecho. Pérez Pavía subrayó que defender el amparo equivale a defender la Constitución y la dignidad ciudadana, por lo que reclamó que cualquier reforma preserve un recurso efectivo contra decisiones ilegales del gobierno.
La proposición del diputado del PAN plantea así un llamado a la prudencia y a los Parlamentos superiores para garantizar que las reformas no erosionen los mecanismos de protección colectiva e individual ya consolidados en la jurisprudencia mexicana.
