Toluca.- El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso reformar la Constitución local para incluir a la Sala de Asuntos Indígenas dentro de la estructura del Poder Judicial del Estado de México. Esta propuesta busca consolidar su papel en la protección de los derechos de los pueblos originarios.
Iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Reconocimiento constitucional de la Sala
La propuesta establece que el Poder Judicial ejercerá sus funciones a través del Tribunal Superior de Justicia, integrado por diversas salas, incluyendo la Sala de Asuntos Indígenas. Este órgano colegiado tendrá atribuciones para conocer recursos ordinarios donde una de las partes se identifique como integrante de un pueblo indígena y existan elementos propios de su comunidad.
Atribuciones específicas para garantizar derechos
Entre sus funciones se incluye la emisión de opiniones consultivas sobre procedimientos donde se apliquen sistemas normativos indígenas. También podrá proponer protocolos de actuación al Órgano de Administración Judicial para juzgar con perspectiva intercultural.
Resolución de inconformidades por consulta y consentimiento
La sala tendrá la facultad de atender inconformidades relacionadas con el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Para ello, podrá recabar pruebas pertinentes que permitan resolver los casos conforme a lo establecido por las leyes y tratados internacionales.
Operación y resultados desde su instalación
El documento indica que la Sala de Asuntos Indígenas fue instalada oficialmente el 30 de marzo de 2023, como resultado de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. En 2024 se registraron 26 expedientes penales y uno civil. Además, se emitió una opinión consultiva y se resolvieron 27 sentencias. De ellas, dos fueron revocadas, siete confirmadas, ocho modificadas y diez se devolvieron por falta de traductores.
Conclusión
La propuesta de reforma constitucional presentada por Movimiento Ciudadano busca fortalecer el marco legal en favor de los pueblos indígenas del Estado de México. Esta acción representa un paso hacia la consolidación de mecanismos institucionales que garanticen sus derechos humanos. Para más información sobre temas relacionados, se recomienda revisar otras iniciativas legislativas en curso.
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