Toluca.- Durante la reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México, las legisladoras Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, y Ana Yurixi Leyva Piñón, del Partido del Trabajo, coincidieron en la necesidad de legislar para castigar el reclutamiento forzado de menores.
El análisis se centró en una iniciativa que propone penas de hasta 60 años de prisión para quienes obliguen a niñas, niños o adolescentes a participar en actividades ilícitas o formar parte de grupos delictivos.
Datos revelan la magnitud del reclutamiento infantil en México
Más de 3 mil menores podrían haber sido víctimas en 2022
Según datos de la Secretaría de Gobernación, en 2022 había al menos 3 mil 951 menores que podrían haber sido víctimas de reclutamiento forzado en el país. En total, se registraron 20 mil 327 casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes.
Además, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), cerca de 200 mil menores están en riesgo de ser captados por grupos delictivos. En consecuencia, las legisladoras destacaron la urgencia de establecer un marco legal más estricto que sancione a quienes cometen este delito.
El Estado de México entre las entidades con presencia de reclutamiento
La colindancia con otras regiones incrementa la vulnerabilidad
El Mecanismo Estratégico de Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos, elaborado por el Gobierno Federal en 2021, identificó 18 entidades con alta incidencia de reclutamiento. Entre ellas se encuentran cinco municipios mexiquenses, afectados por su cercanía con Guerrero, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México y Michoacán.
Por ello, la diputada Ruth Salinas subrayó la relevancia de que el Estado de México se sume a las entidades que ya legislaron en la materia, como Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán.
Detalles de la iniciativa contra el reclutamiento forzado
Definición y sanciones propuestas en el Código Penal estatal
La propuesta plantea sancionar a quien reclute a menores con el fin de integrarlos a pandillas, fabricar o portar armas, realizar vigilancia o participar en actividades ilícitas. La pena máxima de 60 años se aplicaría cuando el delito sea cometido por una persona con autoridad, tutor o ascendiente que ejerza violencia física o psicológica sobre la víctima.
Asimismo, la iniciativa aclara que también incurrirán en este delito quienes obliguen a menores a participar directa o indirectamente en cualquier conducta ilícita establecida en el Código Penal estatal.
Legisladoras pidieron ajustes y acciones inmediatas
Buscan evitar afectaciones a trabajadores ajenos a la delincuencia
Durante el debate, la diputada Ana Yurixi Leyva lamentó que en el sur del Estado de México se reclute a menores para realizar tareas de vigilancia de grupos criminales. Por ello, insistió en que esta conducta debe castigarse con severidad.
También propuso realizar ajustes a la iniciativa para no perjudicar a personas que trabajan en paquetería o mensajería y que puedan trasladar objetos ilícitos sin tener conocimiento de su contenido.
