Por Alex Espinosa
Enviada desde el ejecutivo y aprobada por mayoría en la cámara de diputados el 25 de julio, la ley del ISSEMYM entrará en vigor sin que se haya tomado en cuenta las afectaciones que tendrán los afiliados a este instituto.
En efecto, ni el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, ni los diputados que dieron el visto bueno a la ley meditaron las graves consecuencias que traerá a la calidad de vida de los mexiquenses. Sin embargo, los afectados, trabajadores del servicio público que cotizan en este seguro vieron lo que los mandos no, por eso se han dado múltiples manifestaciones y expresiones de rechazo desde distintos gremios sin que ninguno tenga impacto verdadero.
Para el Dr. Luis Alfonso Guadarrama Rico todas las manifestaciones en contra deben concentrarse en una sola para que tenga la fuerza suficiente. Han sido aisladas estas respuestas, lo que no permite cohesión al momento de reclamar que se venga abajo una ley que en nada favorece a los afiliados.
Tiempo laboral
Aunque desde 2002 ya se contemplaba que la jubilación llegue después de 35 años activos cotizando, con esta nueva ley que entrará en vigor el 1 de enero, se cambia la edad de jubilación de 62 a 65 años, solo para aquellos que entren a trabajar con esta ley en vigencia.
Para el Dr. Guadarrama Rico esto indica una lógica capitalista donde el individuo tiene cargas de trabajo excesivas y largas que no le permiten desarrollarse fuera de los ámbitos laborales. El ciudadano tendrá que trabajar más para pagar servicios que ahora ofrece el ISSEMYM.
El Estado se deslinda de esta responsabilidad, deja que sea el trabajador el que se valga por sí mismo para poder alcanzar una calidad de vida admisible. Sin embargo, no hay “protección a la fuerza de trabajo”.
También hay que tomar en cuenta los salarios, que son el soporte para la sobrevivencia, tal como lo explica el catedrático de la UAEM: “la sobrevivencia tiene que ver con instituciones de salud que me den ese servicio, que es esa protección. Y que por otro lado yo tenga ese ingreso digno, para cuidar mi salud, mi nutrición, para tener actividad física, derecho al ocio, a la recreación”.
Entonces, con más años en el campo laboral y salarios bajos, se “lesiona la calidad de vida” en tanto no se goza de ninguno de los derechos laborales básicos sumado a la desaparición de los servicios de la institución de apoyo que es el ISSEMYM.
Aportaciones con sueldos bajos
Otro de los puntos más censurados de esta nueva ley es el de aportaciones al Afore. El aumento, según lo estipulado es de 3.5 %, llegando en algunos casos al 15% de aportación a la pensión. Una cifra considerable que se tiene en cuenta debido a los bajos salarios de algunos trabajadores.
Así mismo el experto de la UAEM afirma que este aumento a las aportaciones en salarios decadentes significa una disminución importante para pago de servicios o de alimentos, afectando directamente la calidad de vida de las personas.
Además, hace consideraciones respecto al manejo que pueda hacerse de esas aportaciones al Afore. Dado que son privados, su lógica de manejo es racional respecto al costo beneficio. Las cláusulas que tengan los contratos de Afores pueden tener un límite de tiempo de pago, o sea, que después de tantos años de pensión la persona deje de recibir su pago porque el fondo deja de ser suficiente para mantenerlo.
El experto indicó que las Afores solo son viables cuando se cuenta con altos salarios y las aportaciones son igualmente altas. Así se podría asegurar una vejez con buena calidad de vida. Caso contrario con los trabajadores de bajos salarios. Su ahorro es menor para la vejez.
El Dr. Guadarrama Rico nos recuerda que en la vejez llega la pérdida de capacidades o enfermedades. Esto se traduce en gastos para las personas; gastos en consultas, médicos, terapias o incluso hogares que faciliten la vida de la gente adulta.
Perspectiva Neoliberal
Para el Dr. Luis Alfonso Guadarrama Rico, este movimiento que pretende la nueva ley es solo una prueba piloto de una descentralización de servicios ofrecidos por el Estado hacia los privados.
Desde la implementación del neoliberalismo en México en los años ochenta, esta ha sido práctica usual. Se experimenta con el ISSEMYM. Se prueba a la sociedad para ver cómo recibe este cambio, si lo acepta o no.
Con esta nueva ley también se pretende tantear si es posible hacer lo mismo con otras instituciones de naturaleza similar al ISSEMYM, como el ISSSTE o el IMSS. En caso de concretarse esto que sucede en el Estado de México, cabe la posibilidad de que se logre también en otros estados y en otras instituciones.
Acerca de estos otros posibles escenarios, ya no se estaría vulnerando solamente a un sector que puede valerse por sí mismo, que es el sector del empleo formal, sino que, en el caso del Seguro Popular, también se afecta a gente dentro del sector informal.
Por eso debe haber una exigencia conjunta. Debe haber unidad en las voluntades que se exigen, hacer valer los derechos básicos de los trabajadores, defender su dignidad y, por supuesto, su calidad de vida.
