Primero Editores / Ingrid Ahumada
Toluca, México.- Los integrantes de la Junta de Coordinación Política promovieron reformas a la Ley de Fiscalización para ampliar hasta cuatro meses el plazo para analizar las cuentas públicas.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, la cual se realizó por primera vez de manera virtual, el diputado morenista Valentín González Bautista aseveró que en la actualidad las actividades de fiscalización en el país, se han vuelto más complejas, no sólo por la cantidad de información que generan las entidades, sino porque se entregan en su mayoría para su revisión de manera física, y limita su revisión oportuna e identificación de áreas de probable riesgo.
Por lo anterior, dijo que existe la necesidad de modernizar los procesos de trabajo de la Institución, con el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, para reducir tiempos y distancias, “con la finalidad de identificar probables actos de corrupción, conductas irregulares, además de tendencias o patrones en el ejercicio de los recursos públicos, por lo que cobra relevancia el respeto irrestricto a los derechos de legalidad y seguridad jurídica”.
La reforma propone modificar la periodicidad de informe mensual por el de trimestral como un mecanismo de rendición de cuentas sobre la situación económica, las finanzas públicas y en su caso la deuda pública, y que el Órgano Superior tenga mayor eficiencia en la integración y en la revisión del mismo, respectivamente.
Valentín González precisó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, el Estado de México es una de las entidades federativas que cuentan con menor tiempo para la fiscalización de las cuentas públicas, el cual presenta un alto índice sobre el porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes.
“Nos resulta fundamental coadyuvar en que se amplíe el plazo de revisión a un mínimo de cuatro meses y con ello se maximice la capacidad para realizar una fiscalización exhaustiva con seriedad, imparcialidad, rigor y profundidad en los rubros de mayor riesgo en los que se ejerce el presupuesto público, lo que conlleva a buscar y obtener un mayor beneficio para la sociedad a quien se debe”.
Precisó que hacer uso correcto de recursos públicos es una preocupación permanente y sus efectos repercuten negativamente en la credibilidad del Gobierno y en la confianza en los servidores públicos responsables de aplicarlos.
Explicó que uno de los puntos más esenciales de esta propuesta de Reforma, es dar claridad y certeza jurídica a las atribuciones de los auditores especiales; la función de investigación es atribución exclusiva de la Auditoría Especial de Investigación.
La iniciativa determina la naturaleza, el objeto, la finalidad y el régimen de responsabilidad administrativa, además ordena las áreas sustantivas que van desde las acciones y recomendaciones derivadas de la fiscalización y hasta las responsabilidades ante las autoridades competentes.
