Primero Editores / Ingrid Ahumada
Toluca, México.- El diputado local Max Correa Hernández, pidió al secretario Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal, Javier Jiménez Espiriú, atender el exhorto que la Legislatura del Estado de México hizo para que emita una declaratoria que rescate la concesión del segundo piso del Viaducto Bicentenario y este se convierta en un paso gratuito, ello después de insistir en que la empresa constructora Aleatica, antes OHL, obtiene ingresos ilegales de hasta mil millones de pesos anuales por el cobro de peaje.
El exhortó al que se refirió el morenista lo realizó en noviembre de 2019 y fue aprobado por unanimidad en el Congreso mexiquense, no obstante, a la fecha no hay respuesta y en este tenor también llamó al titular del Secretaría de Comunicaciones estatal, Luis Gilberto Limón Chávez para que informe sobre el proceso que otorgó la concesión del Viaducto Bicentenario a la empresa española, así como a cuánto asciende el adeudo que el gobierno del estado y los mexicanos deben seguir pagando por el segundo piso.
“Consideramos que a OHL le fue otorgada concesión de una manera arbitraria, y por ello el gobierno federal tiene que recuperarlo y dejar libre el paso sin cobro de peaje”.
Correa Hernández, comentó que de no existir una concesión con el gobierno estatal, la SCT debe realizar el aseguramiento de obras, instalaciones y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación del Viaducto conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y a la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Recordó que algo similar sucedió en Baja California, cuando el gobierno intentó apropiarse de una caseta de cobro de la autopista Tijuana-Ensenada y el gobierno federal envió al lugar a la Guardia Nacional a recuperarla y -dijo- eso se debe hacer en el tramo del segundo piso del Viaducto Bicentenario.
“El viaducto representa un acto de corrupción de los sexenios pasados que se benefició a una empresa privada que les dejó dividendos para sus campañas políticas; ese tramo les deja más de mil millones de pesos anuales a la empresa de manera ilegal”.
Finalmente, indicó que si bien la investigación se seguía en torno al exsecretario estatal y federal Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció hace pocos meses, indicó que la investigación debe seguir.
