Primero Editores / Ingrid Ahumada
Toluca, México.- Hay errores ministeriales y judiciales que generan prisiones injustas, así lo aceptó el presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuéllar, durante la primera reunión de parlamento abierto organizada por las comisiones legislativas del Congreso Mexiquense para analizar las propuestas de Ley de Amnistía.
Sodi Cuéllar, aseguró que es responsabilidad de este poder escuchar y atender los reclamos de las víctimas y lograr la corrección del sistema judicial, así como despresurizar las cárceles, por lo que indicó que el Poder Judicial hará un análisis de diversos términos jurídicos planteados en las iniciativas de Ley de Amnistía, pues muchos tienen poco sustento de las hipótesis, y definir puntualmente en qué casos aplica y en cuáles no.
“Hay colaboración respetuosa, con el Poder Legislativo hemos tenido cercanía y entendimiento claro, nuestro privilegio es poder apoyar y aportar, sobre todo en temas de comisión de delitos donde el Poder Judicial tiene más información y conocimiento de lo que pasa”.
No obstante, coincidió con el secretario de Justicia, Rodrigo Espeleta, sobre que la ley no puede ser permanente, sino para casos específicos.
En tanto, el activista José Humbertus Pérez pidió reconocer que hay personas privadas de su libertad que son inocentes y coincidió con el abogado Leonel Rivero en que existe corrupción en el Poder Judicial estatal y federal, al tiempo que acusó que en el gobierno de Eruviel Ávila no se destinaron recursos suficientes para la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio, ni se garantizó la capacitación de ministerios públicos, policías y peritos, por lo que no se consolidó ni en su fase mínima.
“Muchos de los que están en los penales se les han fabricado delitos, hay una inaplicación del sistema penal acusatorio y el estado debe responder por esos excesos y la propuesta es que esta Ley de Amnistía, considere como una de sus excepciones para que los delitos de alto impacto, sean revisados, porque tampoco es justo que una persona que no cometió un homicidio o un secuestro tengan sentencias de 70 años”, argumentó.
Asimismo, Octavio Amezcua, oficial de Derechos Humanos de la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos, lamentó que la impartición de justicia en este país deriva de la criminalización de la pobreza, y mujeres e indígenas tienen una particular vulnerabilidad ante el sistema de justicia.
Leonel Rivero Rodríguez, director de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, quien llevó la defensa de mujeres violentadas de Atenco, acusó que existe un problema tridimensional para la aplicación de justicia estructural y deficiencias en el ámbito político, social e institucional, que se basa en el alto nivel de corrupción que prevalece en el poder judicial federal y estatal.
“Debemos reconocer que muchas de las fallas estructurales y del sistema de procuración de justicia han sido utilizados para criminalizar la pobreza y judicializar la protesta social”, denunció el abogado.
También manifestó su rechazo a que la comisión de revisión esté a cargo de Poder Judicial, pues no es sano, ya que se enfrentará al “ego de los juzgadores”, y será difícil que acepen cuando sean ellos quienes hayan violado derechos humanos o sentenciado de manera injustificada.
