Primero Editores / Ingrid Ahumada
Toluca, México.- Ante la violencia de género que encabeza el Estado de México a nivel nacional, se requieren modificar al menos 18 leyes en la entidad, ello para garantizar la eliminación de todas las violencias contra niñas y mujeres, señaló la diputada Mónica Álvarez Nemer, presidenta de la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.
Durante una reunión de trabajo de comisiones legislativas con representantes de la iniciativa Spotlight de ONU-Mujeres, la diputada mexiquense recordó que en la entidad de enero al 17 de noviembre de este año, se han iniciado 118 carpetas de investigación por feminicidio, sin embargo, de ellas, 77 se encuentran en trámite, 40 fueron judicializadas y sólo se cuenta con 4 sentencias condenatorias, lo que -dijo- refleja la tolerancia de la violencia, falta de atención, injusticia e impunidad del actual sistema.
“Reconocemos que sumando esfuerzos y acercándonos a la asesoría de los especialistas de la Iniciativa Spotlight, esta Legislatura, desde el ámbito legislativo, puede transformar la vida de niñas, adolescentes y mujeres, quienes tenemos el derecho a vivir con dignidad”, señaló.
Explicó que un grupo de trabajo de asesores de los diputados que integran la Comisión Especial, analizó la legislación estatal relacionada con los derechos de las mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos, y proponer su mejora y seleccionaron 18 leyes estatales que tienen mayor impacto en la protección de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, entre las que se encuentran: la de Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ley de Defensoría Pública, Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación, Ley de Salud y Ley de Víctimas.
Entre las observaciones, explicó, se detectó que la definición de violencia de género no hace referencia a la muerte, no se considera la violencia simbólica como un tipo de violencia, no se considera la ejercida mediante las Tecnología de la Información aunque ya se presentó una iniciativa al respecto.
Abundó que, tampoco se hace referencia al derecho que tienen las mujeres a no ser sometidas a ningún tipo de tortura, ni se habla del lenguaje sexista, no considera a la violencia familiar como una causa para la pérdida de la patria potestad y no se considera la violencia que pueden sufrir las mujeres docentes proveniente del estudiantado. Además, señaló que hay ambigüedad en la definición de acoso y hostigamiento sexual y la definición de violencia institucional es confusa.
Mientras que la Secretaria de la Mujer, no tiene como objetivo apoyar la coordinación entre las instituciones federales para capacitar a su personal en materia igualdad entre mujeres y hombres, siendo esta la instancia adecuada para ello.
Nayeli Sánchez Macías, coordinador de Spotlight en ONU-Mujeres señaló que harán un trabajo coordinado con los legisladores para atender los temas prioritarios y buscar eficiencia legislativa, que permita avanzar en el actual periodo y el siguiente, y hacer una alianza legislativa a favor de las mujeres por una vida libre de violencia.
David Piña, Grupo de Acción del Derechos Humanos y la Justicia social, explicó que un análisis realizado con organizaciones, detectó que falta articulación social, no se conoce ningún reglamento municipal para la ley de violencia, no sesionan los sistemas de igualdad y de violencia estatales, y en los municipios los agresores están sueltos, pues no se aplican las órdenes de protección o medidas de seguridad para las mujeres.
Por lo anterior, recomendó como prioridad trabajar en la falta de voluntad política de actores gubernamentales, opacidad en el funcionamiento de los sistemas, comportamiento irresponsable de funcionarios, populismo penal, disminuida incidencia local y debilidad reglamentaria.
