Primero Editores / Ingrid Ahumada
Toluca, México.- El diputado Max Correa Hernández presentó un Punto de Acuerdo, que fue aprobado por la Legislatura Mexiquense, con la abstención del PAN, para exhortar al Presidente de la República y al Congreso de la Unión a realizar las acciones conjuntas necesarias para que al gobierno mexicano le sea suspendido el pago de los servicios de la deuda pública durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022.
Recordó que recientemente la ONU declaró que la moratoria de la deuda se debe ampliar a todos los países en desarrollo que no pueden pagarla, propuesta que fue respaldada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), quienes solicitaron al G-20 la moratoria inmediata de la deuda exterior de los países más pobres afectados por la pandemia.
A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, Correa Hernández dijo que la medida tiene la finalidad de que estos recursos sean invertidos para reactivar la economía nacional de manera sustentable, con justicia social, sentido democrático y en una dinámica de que nadie quede desprotegido ante la pandemia de COVID-19.
“La crisis económica que los países han resentido los últimos años se ha profundizado por los catastróficos efectos de la pandemia de COVID-19, lo que originó, entre otros daños, que la deuda pública de las naciones se salga de control, provocando que los pagos se conviertan cada día más difíciles de cubrir y se tornen insostenibles”, afirmó.
El legislador argumentó que actualmente la Deuda Pública Neta Total del país, estimada por el llamado Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público -que incluye la deuda pública interna y externa, así como los pagos al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) antes Fobaproa, el Rescate carretero y los Proyectos de Inversión de Infraestructura con Registro Diferido en el Gasto Público (PIDIREGAS)-, aumentó de 10.5 billones de pesos en diciembre de 2018, a 12.6 billones de pesos a diciembre de 2020, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que equivale a un incremento de 20 por ciento.
En ese sentido, afirmó que estos recursos podrían destinarse a la reactivación de la planta productiva, el impulso a la producción de alimentos inocuos, orgánicos y saludables; la generación de empleos formales, para aumentar el gasto social y la inversión pública en infraestructura estratégica y de alto impacto.
Correa Hernández resaltó la importancia de no sólo suspenderse el pago del servicio de la enorme deuda pública, también debe ser auditada a fin de saber en qué términos se contrajo, para qué fue solicitada y en qué se gastó.
Recordó que cuando se estableció el Fobaproa la deuda era de 500 mil millones de pesos, y tras 25 años de pagos, lejos de reducirse, aumentó más del doble.
En la tribuna parlamentaria, resaltó que en términos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, el costo financiero de la deuda pública supera por mucho a los presupuestos de las Secretarías de Educación, Salud, Agricultura, Trabajo, Bienestar o Defensa Nacional; el presupuesto de 19 programas sociales como Pensiones para Adultos Mayores, Sembrando Vida, Becas a estudiantes, Jóvenes Construyendo el Futuro, Precios de Garantía, y Producción para el Bienestar, así como el de 11 proyectos prioritarios del Gobierno Federal.
“Si se dejara de pagar por dos años los servicios de la deuda pública, lo que asciende a poco más de 1.4 billones de pesos, México podría tener los recursos suficientes y sobrados para aumentar en más del doble el gasto en los programas sociales, la salud, educación, cultura, ciencia, el arte y deporte; aumentar la inversión productiva tanto en la industria como en el campo, apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa”.
Bajo ese contexto, el legislador consideró imperativo no pagar por dos años el costo financiero de la deuda pública, renegociar sus pagos por varios años, declarar una moratoria y obtener “quitas”.
