Por: José Manuel López Colín

El día que Luisa, una mujer de 65 años, regresó a su casa ubicada en la ciudad de Toluca, después de recuperarse de una operación de rodilla, su llave no abrió la puerta; tocó el timbre en varias ocasiones, pero no encontró respuesta. El sobrino de su esposo no la dejó pasar.

A pesar de que en México existe una Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que protege a los individuos mayores de 60 años, aún hay casos de ancianos que acusan a sus familiares de confinarlos a los rincones más alejados de sus propias casas, en ocasiones, incluso, de llegar a su casa y encontrar sus pertenencias regadas por la banqueta, hechos que los convierten en víctimas del despojo del patrimonio que construyeron durante su vida.

Según datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), tres de cada cinco adultos sufren violencia dentro de la familia; otros datos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición señalan que, en promedio 16% de los adultos mayores sufren algún grado de maltrato como violencia física, psicológica o el robo de sus bienes.   

Para la antropóloga Zoraida Ronzón Hernández, investigadora del Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales (CIyEMMI) de la Universidad Autónoma del Estado de México, lo que sucede es que se naturaliza la vulneración de los derechos de los ancianos, debido a que no existe una cultura de la vejez y porque en ocasiones, el individuo no se interesa por conocer sus derechos.

Todo comenzó en los primeros días del mes de octubre, cuando Doña Luisa, como la conocen sus vecinos, avisó al sobrino de su esposo y también vecino que sería operada por una fisura en la rodilla izquierda que no le permitía caminar con comodidad, para que, en su ausencia se hiciera cargo de su esposo, un hombre que permanece en silla de ruedas después de perder ambas piernas a causa de la diabetes.

Al escuchar la petición, su pariente le respondió que buscara otro lugar para recuperarse porque en esa casa, nadie de su familia entraría, así que la mujer fue a casa de su hermana después de la operación, sin saber que ya no volvería a entrar a su propio domicilio.El procedimiento que sigue el sistema DIFEM.

Casos como el de Luisa pueden ser atendidos por el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM). Al respecto, Ana Aurora Muñiz Neyra, Coordinadora de Atención a Adultos Mayores del citado organismo, explica que el primer paso que se sigue es verificar la situación a través de una asesora social que realiza una visita domiciliaria.

En primera instancia, el DIF da aviso al Ministerio Público, ante quien se hace una denuncia, para que se inicie el debido proceso que compete a un juez civil. En ese momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emite un informe sobre el avance de la denuncia, que luego se entrega al DIF estatal, que, con base en esa resolución, brinda asesoría jurídica y psicológica al adulto mayor.

La funcionaria explica que, en casos como el de Luisa, quien está imposibilitada para regresar a su casa, es factible el ingreso a un asilo de alguna asociación civil que sea avalada por el DIFEM, la Junta de Asistencia Privada y el Instituto de Verificación del Estado de México.

Muñiz Neyra refiere que, en casos como el de Luisa, el primer acercamiento es por parte del DIF Municipal. Aclara además que en la presente administración (que apenas iniciò en septiembre pasado) sólo se ha atendido la denuncia de un caso de abandono en el municipio de Toluca, en el que se valoró el estado de salud física y psicológica de la adulta mayor, y se tomó la determinación de ingresarla a uno de los albergues recomendados por la Junta de Asistencia Privada.

A su vez, la antropóloga Ronzón Hernández anota que, en algunos casos, hay cesiones de derechos de propiedad que se dan por buena voluntad, en las que por ahorrarse el dinero de los trámites del testamento se dejan las propiedades a nombre de los familiares y en algunas ocasiones esta cesión implica un acuerdo de reciprocidad o solidaridad con el adulto mayor, pero ese acuerdo no se respeta.

Al respecto, el abogado René Pérez Santana, señala que “en el caso de que haya papeles firmados se puede proceder legalmente bajo el presunto delito de abuso de confianza, pero ese delito se configura hasta que se haga disposición del bien despojado. Eso es competencia del juez civil”.

Sin embargo, Doña Luisa aclara que en ningún momento ha firmado cartas poder o algún documento relacionado con la posesión de su casa a algún familiar, menos ante alguna autoridad.  

En distintas ocasiones, Luisa ha regresado a su habitación, rogando que se le permita cuidar a su esposo, pero no ha conseguido entrar, por la negativa del pariente a quien acusa: “me aventó su perro, uno grandote y me mordió el pie. Me lo aventó porque fui al DIF”.

A raíz de esto, la señora, acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para hacer responsable a su familiar de cualquier daño que eventualmente pueda sufrir.

El único ingreso que tiene Doña Luisa es una pensión, fruto de los años que trabajó en una empresa de limpieza.

La cultura de la vejez

La investigadora Zoraida Ronzón Hernández señala la necesidad de generar una cultura de la vejez: “desde la academia se busca incidir en que haya políticas públicas; que hoy sea motivo de la agenda pública es resultado de 25 años de investigación de la población envejecida en México.”

En el estudio Intensidad del Envejecimiento de la Población de México del Consejo Nacional de Población (CONAPO) se advierte para 2050 la proporción de Adultos Mayores en México pasará a ser de 28%, debido a que las generaciones más numerosas, las nacidas entre 1960 y 1980, ingresarán al grupo de 60 años y más a partir del 2020.  

“Pero la política pública tiene que atravesar todos los niveles sociales, pues cuando es sólo para la población envejecida termina por ser una política asistencialista que trata de ayudar, pero sólo incide cuando las personas llegan a los 60 años. Debe ser una política que vaya construyendo la cultura de la vejez”, insiste la académica.

Cabe apuntar que, precisamente como parte de la difusión de esa cultura, que es necesaria entre la población de todas las edades, la Coordinación de Atención a Adultos Mayores del DIF Estatal emitirá próximamente un Manual de Cuidado del Adulto Mayor para una mejor atención hacia los ancianos por parte de la familia, en temas como alimentación, accesibilidad y salud, según anunció Ana Aurora Muñoz Neyra.

 

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