LATITUD MEGALÓPOLIS | RAYMUNDO ADAME
Andrés Manuel López Obrador ya estableció quiénes son sus enemigos, y esto lo hizo a partir de la distribución masiva de la carta de responsabilidad que integró la secretaría de Educación Pública Delfina Gómez Álvarez en los diez puntos del protocolo para el regreso a clases presenciales en las aulas; sin ambages, Obrador dijo que son sus enemigo todos aquellos que repartieron o compartieron en las redes la carta responsiva donde el gobierno se deslindaba de cualquier responsabilidad al promover que la firmarán los padres de familia para que pudieran acudir sus menores hijos a las escuelas; entre los promotores de distribuir este documento se encontraron los docentes de educación básica, quienes por ese hecho se convirtieron en enemigos del Presidente.
Es necesario recordar que la semana pasada Delfina Gómez bajó por la estructura administrativa el protocolo del regreso a clases presenciales en el aula, que evidentemente causó gran revuelo entre los maestros, pues solo ellos y nadie más tiene una radiografía clara de lo que acontece entre los actores educativos, y sobre todo el efecto que ha causado la pandemia provocada por el Covid-19; los fallecidos por el virus como: maestros, familiares cercanos, padres de los menores y sus familias, y saben que no es cosa menor, pues el virus ha arrasado, principalmente, con las personas más vulnerables en todos los aspectos: de pobreza, salud, condiciones físicas y otros.
Es conocido por todos que AMLO es muy sensible ante la crítica, pero también ante la oposición a sus designios, máxime cuando ya había armado toda la parafernalia para obligar a los padres de familia a llevar a sus menores hijos a las escuelas y que los maestros justificaran su salario y sus prestaciones, como lo dijo su protegido del SNTE Alfonso Cepeda Salas, que en una clara abyección expresó los halagos que le gusta escuchar al Presidente: el sindicato apoya todas las decisiones del Ejecutivo para que los maestros, con todos los riesgos acudan a “justificar su salario y sus prestaciones”.
Es menester que la sociedad tenga conocimiento que los docentes han trabajado durante todo este tiempo que ha prevalecido la pandemia, y no solo en su horario sino que ha sido de tiempo completo, pues las autoridades educativas envían documentos durante las 24 horas del día sin respetar los tiempos de descanso del trabajador; pero además sin recibir ningún pago por horas extras o alguna compensación, como debiera ser de acuerdo a ley.
También han sido los docentes quienes proporcionaron los materiales didácticos que utiliza, como: computadora, teléfono móvil, sus megas de internet, la luz, en fin todo lo necesario para poder impartir la educación presencial a distancia, pues como sabrán los padres de familia, el gobierno amloísta se deslindó de la educación y no proporcionó ningún material.
En este tiempo de pandemia la educación dejó de ser gratuita.
Ayer ya inició la movilización de maestros, al menos en la Ciudad de México, tomando las instalaciones de la Dirección General de Administración y Recursos Humanos, que sin duda es el centro de la corrupción, donde expusieron la ilegalidad que existe en la dotación de plazas educativas, pues a comisionados de la Sección 10 del SNTE se le han obsequiado horas sin seguir el procedimiento para obtenerlas, ahí se mencionaba a Gabriel Vera Franco, hermano de Gustavo Vera dirigente ilegal de esa Sección y Antonio Ávila Ponce, quienes cobran plazas que no concursaron o que no trabajan.
Además, mencionaron que no asistirían a clases presenciales pues la pandemia está en su apogeo y que convencerían a los padres de familia para que no llevarán a sus hijos a las escuelas, pues éstas se convertirán en un foco de infección mortal, donde el gobierno no se hace responsable y al final echará la culpa a los maestros o a los padres de familia, quienes sabían que era voluntario y aun así llevaron a los niños a las escuelas.
Desde ayer, ya empezó un operativo para presionar a los maestros y éstos a los padres de familia para el regreso a clases presenciales en las aulas, a pesar de que AMLO dio marcha atrás a la carta responsiva que firmarían los padres y a establecer como voluntario el regreso tanto para los alumnos como los trabajadores de la educación; esto es, que los docentes podrán seguir realizando sus actividades educativas presenciales pero a distancia; por lo que ninguna autoridad deberá presionarlos, amenazarlos u obligarlos a acudir a sus escuelas.
En este panorama si las autoridades menores realizan actos de presión contra los docentes o padres de familia, éstos pueden denunciarlos en los buzones escolares de la SEP o acudir directamente con una breve petición en una cuartilla, fundada en el artículo 8° constitucional, pidiendo la intervención contra la autoridad que ejerza la presión, ya sea ante la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el Centro de la Ciudad de México, en Argentina número 28, o a la oficina de atención ciudadana de la Presidencia de la República ubicada atrás de Palacio Nacional en el edificio 10, planta baja.
Si el gobierno buscara la protección de los actores educativos, tal vez debiera emitir un decreto que ordenara la asistencia presencial a las escuelas pero donde se expusiera que en caso de contagio o fallecimiento de algún trabajador de la educación, alumno o padre de familia, derivado de la asistencia a las escuelas, el gobierno asumiría la responsabilidad de otorgar, sin más preámbulo, el servicio médico o la indemnización respectiva; podría ser, pues los altos funcionarios presionan para el regreso a clases a partir de un estado de confort donde el Estado les paga todos los servicios médicos.
Pero además, el gobierno, tendría que otorgar todos los materiales para evitar en lo posible el contagio ¿o también serían los maestros y padres de familia quienes cargaran con este gasto?, por lo pronto los maestros se convirtieron en enemigos del Presidente.
