Por: Estefanía González
“Hace dos años que asesinaron a mi hijo Daniel y hasta el día de hoy no hay una carpeta judicializada del asesinato de mi hijo Daniel por omisión e indolencia del Estado Mexicano”.
Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Varinia Quintana, quien fue víctima de feminicidio en el 2015, denunció por omisión a las instituciones de gobierno que, según explicó, no solo no han apoyado lo suficiente a su familia, sino también han ignorado la muerte de su hijo Daniel Emiliano Varinia Quintana, quien falleció a la edad de 16 años por negligencia y omisión.
“Por su omisión y su indolencia, su corrupción, su ineptitud y su impunidad, hoy nosotros estamos unidos en un infierno del que no hay salida […] México no solo le falló a Daniel como víctima, también falló hasta en los tratados internacionales por la falta de acción para proteger su interés superior por ser un niño”.
Además, añadió que, a pesar de que en el Estado de México existe una Comisión de Atención a Víctimas de Violencia, esta no es suficiente, pues someten las necesidades de las victimas a un consejo de valoración para saber si se es digno o no para ser beneficiario de un beneficio.
¿Qué le pasó a Daniel?
Siendo un niño, Daniel era un testigo protegido por el caso del feminicidio de su hermana Fátima, quien a la edad de once años fue asesinada en el municipio de Lerma en el Estado de México; sin embargo, a raíz de los daños colaterales que toda la familia sufrió, Daniel sintomatizó en su cuerpo la revictimización y persecución de la que empezaron a ser víctimas por exigir justicia para Fátima.
“Constantemente tenía padecimientos estomacales que ni con medicamento se le quitaban, tenía gastritis nerviosa; pero ese no era el tema, el tema no era la salud mental porque, si bien, todos en casa teníamos padecimientos nerviosos, la falta de recursos económicos, el aislamiento y el abandono del estado se disfrazaba con una medida de protección que imposibilitaba a los padres de Daniel a cubrirle sus estudios y su tratamiento”.
Las medidas de protección ofrecidas por el estado consistieron en un cambio de residencia a Nuevo León, Monterrey, donde, en el 2020, Daniel enfermó, pero no existió la atención rápida ni precisa por parte de las instituciones de salud.
“Nos vimos en la imperiosa necesidad de recorrer los hospitales públicos en Monterrey con nuestro hijo, pero le negaron el acceso al servicio médico sin escuchar los malestares de Daniel, ni siquiera lo revisaron o lo subieron a una mesa de exploración, lo mal diagnosticaron con una crisis de ansiedad”.
Explicó que, el Hospital de la Universidad Autónoma de Monterrey, dónde el estudiaba, le negó el servicio de salud al considerar que su padecimiento era solo psicológico, por lo que solo fue remitido al Hospital psiquiátrico de la Colonia Buenos Aires, dónde se le administró una dosis exagerada de ansiolíticos y antidepresivos y esto fue lo que terminó con su vida.
A pesar de los hechos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha realizado una investigación y no ha querido vincular al hospital universitario, el cual, fue quien vinculó a la familia con el hospital psiquiátrico que cometió negligencia en contra de Daniel.
Por esta razón, este jueves 24 de noviembre del 2022, los padres de Daniel levantaron un memorial a su nombre en la Plaza González Arratia con el objetivo de evidenciar la omisión que, hasta el momento las autoridades mexiquenses y de Nuevo León, han tenido en contra de la familia, la cual sigue siendo revictimizada.
