Redacción
Toluca, Méx.- Inhabilitar definitivamente a los servidores públicos corruptos, cuando el monto de la afectación sea superior a las 200 veces el valor de la Unidad de Medidas y Actualización (UMA), es el propósito de la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios propuesta por el Grupo Parlamentario del PAN.
Propone que los servidores públicos sentenciados por actos de corrupción no puedan tener otro cargo público en la entidad y que los particulares y las empresas involucradas en actos de corrupción tampoco puedan participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, licitaciones o contrataciones públicas.
Considera oportuno establecer una sanción que persuada a los servidores públicos, particulares y empresas a no incurrir en faltas administrativas graves, pues este delito afecta el desarrollo social y la relación entre gobernantes y gobernados, por ser acciones contrarias al bienestar general.
Con la adición propuesta de una fracción V al artículo 82 de la citada ley, que señala las sanciones administrativas por la comisión de faltas graves impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa, quedaría establecido que éstas consistirán en “inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas”, ello “si el monto de la afectación excede de doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.
Además, “el Tribunal de Justicia Administrativa podrá imponer al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa”.
La iniciativa fue remitida por la diputada Mariana Uribe Bernal, presidenta de la Directiva de la 60 Legislatura, a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
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