Toluca, Méx.- La perspectiva de género puede cambiar la vida para bien, porque hace cuestionar todas las relaciones, actitudes y conductas de personas con las que convivimos; además, buscar condiciones más igualitarias para la mujer redundará en un beneficio social, afirmó la magistrada Julia María del Carmen García González.
Dijo que la violencia de género hacia las mujeres es un tema estructural y sistémico, está implícito en nuestras relaciones y a veces se ignora o invisibiliza; por ello, se requirió un marco jurídico especializado como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que establece que pueden exigir al Estado que atienda su necesidad de protección, ya que esa problemática no puede solucionarse desde los espacios domésticos, sino se necesita la participación activa, eficiente y eficaz del Estado.
Al impartir la cuarta sesión del Módulo I del Diplomado “La tutela de los derechos humanos con perspectiva de género” organizado por el Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos (IIFDDHH) de la CODHEM, la también directora nacional de Equidad de Género de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), precisó que las instituciones reflejan o se transforman a partir del compromiso individual de quienes forman parte de ellas.
“Las instituciones públicas tienen esa presunción de que actuarán de manera recta, de manera adecuada, pero eso solo es posible en la medida en que las personas que encarnamos el servicio público verdaderamente estemos conscientes del tremendo compromiso de la responsabilidad social que tenemos frente a la comunidad, de generar las mejores condiciones posibles de respeto y de inclusión y cómo a partir de ello, eso permeará en todas las actividades que llevamos a cabo”, expresó.
La magistrada también abordó el tema de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), que son acciones de emergencia establecidas en México para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, y es un mecanismo de protección de derechos humanos único en el mundo. Detalló que hasta el 2021 se habían emitido 25 AVGM y se acumularon 552 medidas recomendadas al gobierno y organismos autónomos del país.
Al presentar las sentencias más emblemáticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puntualizó que de ocho condenas al Estado Mexicano, cinco son por violencia de género: Caso Claudia Ivette González y otros (Campo Algodonero); Caso Inés Fernández Ortega y otros; Caso Valentina Rosendo Cantú; Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco; y Caso Digna Ochoa y familiares.
