Toluca, Méx.- José no solo superó once años de adicción a solventes y cinco a la marihuana, también terminó la primaria, la secundaria y aprendió el oficio de carpintería para mejorar su vida y salir adelante, todo, gracias al Programa de Justicia Terapéutica, en el modelo de Tribunal de Tratamiento de Adicciones TTA del Poder Judicial del Estado de México.

El joven de 20 años recordó en audiencia de suspensión condicional del proceso, el primer acercamiento que tuvo a los solventes cuando tenía nueve años, la adicción lo llevó a consumir hasta 20 botellas de este tipo de sustancia a la semana, por lo que dejó la primaria y se alejó de su familia, que ya había hecho diversos esfuerzos por apartarlo de las drogas.

Para mantener su consumo, a los 15 años empezó a trabajar de albañil. Después se acercó a la marihuana y cocaína, empeorando su situación y hace dos años fue detenido por portación de drogas. Al ser primodelincuente fue candidato de TTA, lo que cambió su vida por completo.

“Estoy agradecido con este programa y el equipo que lo conforma que me motivaron a salir adelante, a estudiar y confiar en mí, antes no me comunicaba con la gente, era muy callado y ahora gracias a esto mi vida cambió”, comentó.

El caso de José se suma a las historias de Rolando, Rodrigo y Ulises, quienes este jueves se graduaron del Programa de Justicia Terapéutica, que brinda una segunda oportunidad a quien cometió un delito bajo los influjos de sustancias psicoactivas, sin antecedentes penales y herramientas para salir adelante.

Durante la audiencia, Edgar Garay Vilchis, juez de Control especializado en materia de tratamiento de adicciones, recordó que el objetivo del programa es evitar la reincidencia delictiva, recaída en el consumo y lograr la reinserción social.

Además, indicó que los participantes cumplieron con los requisitos del programa, por lo que decretó extinta la acción penal y determinó el sobreseimiento de la causa.

Garay Vilchis señaló que estas graduaciones son resultado del trabajo coordinado del Instituto de la Defensoría Pública y Mexiquense contra las Adicciones, la Fiscalía Especializada y la Secretaría de Seguridad Pública.

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