Toluca, Méx.- A solicitud de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, el Poder Judicial del Estado de México recibió este jueves a operadores del Programa de Justicia Terapéutica de Baja California Sur, con quienes compartió conocimientos y experiencias en la materia.
Los bajacalifornianos encabezados por Juan Pablo Peña, coordinador estatal de Salud Mental y Adicciones del Instituto de Servicios de Salud, visitaron el Tribunal de Tratamiento de Adicciones TTA en la región Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, donde fueron recibidos por Verónica Cortés Marroquín, Visitadora en materia Penal y el Juez especializado, Edgar Garay Vilchis.
Al darles la bienvenida, Cortés Marroquín aseguró que la Justicia Terapéutica sí funciona, prueba de ello son los casos de éxito de jóvenes que superaron años de adicción a sustancias psicoactivas, pues los TTA permiten que una persona que cometió un delito no grave, bajo el influjo de alguna droga legal o ilegal o con el fin de obtener recursos para su adquisición, obtenga una segunda oportunidad del Estado.
Karelly Villanueva, Oficial de Programa de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas de la Organización de Estados Americanos CICAD-OEA, agradeció la oportunidad de compartir experiencias y conocer el funcionamiento del programa en el Edomex, lo que permitirá fortalecer acciones en esta materia en otros estados.
Garay Vilchis guió a los visitantes en una reunión previa del equipo multidisciplinario integrado por la Fiscalía General de Justicia, el Instituto de la Defensoría Pública, el Instituto Mexiquense Contra las Adicciones, la Dirección de Prevención y Reinserción Social, la Comisión Nacional contra las Adicciones y el Centro de Prevención del delito del estado, quienes rindieron reporte sobre el seguimiento a tres participantes.
Más tarde, asistieron a la audiencia de suspensión condicional del proceso de Marco Antonio, joven de 23 años de edad, originario de Toluca, quien hace cuatro años inició a consumir marihuana e inhalantes y luego de un año en revisiones periódicas, pruebas antidoping, terapia y cursos, superó su adicción y se graduó del programa.
La delegación de Baja California estuvo integrada por Javier Flores Beltrán, Director General del Sistema Penitenciario; Pedro Castro Jiménez, Coordinador Estatal de Gestión para los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial; Lidia Mena Cazares, Subprocuradora de Justicia Alternativa de la Procuraduría General; Laura Aguilar Luna, Directora General de la Defensoría Pública; Enriqueta Ibarra de la Toba, Jueza de Control; María Rodríguez Gurrola, Juez de Primera Instancia de Sanciones y Medidas de Seguridad; Beatriz Aranda Lozoya, Directora de los Centros de Integración Juvenil La Paz y Zulema Canseco Alvarado, titular de la Dirección de la Asesoría Jurídica estatal de Atención a Víctimas del Delito.
Del Estado de México participaron las magistradas María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, Cecilia Moreno Luna y José Alfredo Cedillo González, así como la jueza Nancy Flores Mendoza; además César Valladares Ortega, subdirector de Reinserción mexiquense; Irma Cisneros Basurto, directora General del Instituto de la Defensoría Pública y Fredy Hinojosa Contreras, Director del Centro Estatal de Medidas Cautelares.
