Redacción
Autoridades estatales y federales, así como representantes de los colectivos de familiares de personas desparecidas en el Estado de México coincidieron en la necesidad de construir una estructura coordinada entre los diferentes órganos y niveles de gobierno para atender este problema.
En la mesa de trabajo que tuvo lugar en el salón Benito Juárez del Poder Legislativo, organizada por la diputada Karina Labastida Sotelo, diversos colectivos, entre ellos la Red Eslabones por los Derechos Humanos, Feminista Ehécatl, Uniendo Esperanzas, Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos, y la Red de Madres Buscando a sus Hijos, reclamaron la indolencia e ineficiencia de las fiscalías especializadas y los ministerios públicos que enfrentan los familiares de personas desaparecidas.
Por lo anterior, propusieron que la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado de México, iniciativa presentada por la legisladora Karina Labastida, incluya la capacitación de los servidores públicos, la imposición de sanciones para quienes no inicien de manera inmediata las investigaciones o no respeten la ley y el aumento del personal en las instituciones vinculadas a los sistemas nacional y local de búsqueda.
Destacaron la importancia de que en los procesos de búsqueda e investigación se tome en cuenta a las familias de las personas desaparecidas, se trabaje en la prevención de estos delitos, se fortalezcan las atribuciones de las autoridades municipales y se establezca su obligación de coordinarse con el resto de las autoridades.
A nombre del Colectivo Feminista Ehécatl, Carmen Zamora propuso que los colectivos y las familias de desparecidos tengan acceso a los registros de las fosas clandestinas y fosas comunes a fin de facilitar los procesos de búsqueda e investigación. Además, destacó la necesidad de descentralizar las fiscalías de desaparecidos de las fiscalías regionales y de que existan asesores jurídicos especialmente dedicados a estos casos.
Por su parte, Mónica Orozco, madre de Benjamín Ulises Medina, quien se encuentra desparecido desde 2013, habló de la falta de empatía y compromiso por parte de las autoridades y los ministerios públicos respecto al seguimiento de las denuncias y de la pérdida de salud, dinero y credibilidad hacia las autoridades que sufren las familias en el proceso.
Claudia Rojas, quien busca a su hija Daniela Xóchitl Elizarrarás desde hace 13 años, pidió que en la ley se prevea elevar las recompensas en caso de encontrar a los desparecidos, así como de que se establezcan claramente los castigos para quienes cometan este delito, mientras que Diana Gutiérrez, del Colectivo Uniendo Esperanzas, denunció que los investigadores no realizan su tarea e insistió en trabajar conjuntamente en la prevención y en la educación respecto a este tema.
Manuel Ramírez Juárez, coordinador de la Red Eslabones y padre de Mónica Ramírez Alvarado, desparecida desde 2004, habló también de la falta de acompañantes jurídicos y de la importancia de que la ley incluya beneficios para quienes colaboren en las investigaciones, así como de otorgar capacitación a las familias de las víctimas para sus procesos de denuncia e investigación.
Entre otras propuestas de los colectivos se encuentran realizar una campaña para informar a la población sobre los procesos de denuncia; trabajar en las medidas de no repetición, especialmente en sanciones para las autoridades que se niegan a levantar un acta a tiempo; mejorar los procesos de búsqueda de desparecidos, y fortalecer la integración del Consejo Estatal Ciudadano, involucrando a familiares de víctimas de desaparición.
La diputada Karina Labastida Sotelo, presidenta de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México, acompañada del diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Jucopo de la 60 Legislatura, informó que los diputados han trabajado en la iniciativa de esta ley desde el inicio de su gestión, pero dijo que no estaría completa sin las consideraciones de las víctimas.
Explicó que la siguiente etapa del proceso consistirá en analizar detalladamente cada una de las propuestas, para poder integrarlas en la ley y con esto enriquecerla, a fin de que sea un referente para los estados que no han legislado en la materia.
Además, pidió el acompañamiento del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, ya que, aseguró, su papel es fundamental en la consolidación y correcta aplicación de la ley.
La diputada Azucena Cisneros Coss (morena) advirtió que la ley referida debe etiquetar los recursos de manera que se apliquen y ejecuten correctamente, y consideró que el problema no radica en la falta de presupuesto, pues el del Estado de México creció cinco veces en los últimos tres años.
Respecto a la ineficiencia de los ministerios públicos denunciada por los colectivos, la legisladora precisó que es un tema que ya se debería estar atendiendo y destacó la necesidad de implementar un mecanismo extraordinario para atacar este problema.
Félix Santana Ángeles, director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de Secretaría de Gobernación, propuso para la ley esquemas de coordinación entre los municipios, las entidades y las instituciones federales, así como fomentar la participación de las víctimas en todos los procesos de investigación y establecer las obligaciones de las dependencias de participar de manera activa.
Por otro lado, Alejandro Corona Moguel, encargado del área de Violaciones Graves de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras apuntar que de aprobarse convertiría a la entidad en la tercera del país en contar con tal ley, se pronunció porque el Congreso mexiquense se asegure de garantizar la participación de las familias y de la sociedad civil en su implementación y aplicación, además porque esta norma se acompañe de una ley especial sobre la declaración de ausencia.
Para Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, es necesario trabajar en el fortalecimiento de las políticas públicas que permitan la prevención de este fenómeno y reconoció la sensibilidad de la Legislatura para enfrentarlo.
Por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Edgar Atescatenco Lugo señaló que es posible saldar la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con los desaparecidos y sus familiares; mencionó que la Comisión Nacional tiene el compromiso de reunir y aplicar las propuestas de la sociedad y colectivos civiles que buscan a sus familiares, y aseguró que éstas se verán reflejadas en los marcos normativos nacional y local.
Por su parte, Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, dijo que las organizaciones no gubernamentales, los colectivos y las asociaciones civiles son el resorte principal de las comisiones de derechos humanos en este y otros temas, tales como la migración, los feminicidios y la diversidad sexual.
Recordando a Nelson Mandela, dijo que la desaparición de personas es un crimen de lesa humanidad, por lo que llamó a no normalizar este flagelo. La tarea pendiente, dijo, es humanizar lo social.
También presente en la mesa, Dilcya García Espinoza de los Monteros, fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, se sumó a la iniciativa de ley y se solidarizó con los familiares y víctimas de las y los mexiquenses desaparecidos. Agregó que el tema no sólo implica emprender esa búsqueda, sino también hacer justicia a las víctimas y sus familias.
Isabel Sánchez Olguín, comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, insistió en el la necesidad de destinar recursos para la reparación integral del daño y para los familiares en los procesos de búsqueda e investigación, mientras que María Sol Berenice Ambros, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, aseguró que es prioridad buscar a las personas en vida, antes que a los fallecidos, por lo que propuso mejorar los mecanismos de búsqueda.
Finalmente, Rocío Maldonado de la Fuente, del Comité Internacional de la Cruz Roja coincidió en la importancia de la legislación estatal en la materia ya que permite armonizar y garantizar la coordinación entre los estados, así como hacer medibles los avances y los resultados bajo los mismos parámetros.
