Por Socorro Valdez Guerrero
Los grotescos hechos en el estadio queretano de fútbol, “La Corregidora”, demostraron inoperancia de la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, el poder de los dueños del espectáculo, la omisión institucional e inseguridad.
Ese organismo, que lo regula CONADE, a cargo de Ana Gabriela Guevara, se creó hace cuatro años por mandato de la Ley general de Cultura Física y Deporte.
En dicho ordenamiento, se establece cárcel contra aficionados violentos y suspensión del derecho a asistir a eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo, por un plazo similar a la pena de prisión que se les impongan.
También la obligatoriedad de esa Comisión Especial, para informar a las autoridades competentes los riesgos en los eventos deportivos.
Además, emitir acciones para prevenir violencia e impulsar la “cultura de la paz en el deporte”.
Incluso, coadyuvar en la implementación de las medidas necesarias de protección de personas, instalaciones o bienes en áreas deportivas.
Esa ley, que demostró no se cumple, y el silencio oficial a a los hechos que mancharon de sangre el balón en Querétaro, revela que empresarios del espectáculo futbolero, son encubiertos.
En esos estadios, hay tolerancia a las
drogas, alcohol y al uso de armas, a pesar que la legislación en la materia, prohíbe y sanciona a quién lo tolera.
Hay omisiones en su aplicación y des actualización, ya que esa ley se reformó sólo en algunos artículos en 2018, y se mantuvo sanciones, sin modificar desde ¡Hace ocho años!,
El documento legal, considera sólo cárcel de un año seis meses a cuatro años seis meses y multas de 20 a 90 días, a quien genere violencia, participe en riñas, agresiones físicas y cause daños materiales en los bienes del recinto deportivo.
Lo anterior, cuando desde hace cinco años, tan sólo en multas, se aplica la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las cual, modifica el INEGI cada año.
Y aunque las sanciones deberán ser consideradas por el juzgador de acuerdo a la gravedad del caso, la investigación de los hechos, las pruebas y otras circunstancias, la respectiva ley que regula el deporte, responsabiliza de las sanciones administrativas a la CONADE.
El instrumento legal, precisa que la Comisión Especial y las comisiones locales, deben impulsar campañas de sensibilización para “conseguir que el deporte sea un referente de integración y convivencia social”.
A pesar que el ordenamiento obliga a la comisión nacional y estatales, elaborar programas anuales sobre prevención de la violencia en eventos deportivos, no hay difusión de ello, y por tanto ¡Nadie los conoce!
Ese órgano colegiado contra la violencia deportiva, se integra por representantes de CONADE, de las entidades federativas, los municipios, alcaldías de la Ciudad de México, ligas profesionales y asociaciones deportivas, entre otras instancias.
En cada entidad federativa debe funcionar una Comisión local, encabezada por el titular del órgano estatal o de la Ciudad de México en materia de cultura física y deporte.
De acuerdo al artículo 139, dicha comisión es la encargada de elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia en eventos deportivos.
También debe hacer estudios e informes sobre las causas y los efectos de la violencia en el deporte.
El ordenamiento destaca, que su obligación es conformar y publicar la estadística nacional sobre la violencia en el deporte.
Además, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenga el padrón de personas sancionadas por violencia en los espectáculos.
