Primero Editores / Ingrid Ahumada
Toluca, México.- Con el inicio del análisis de la iniciativa que busca eliminar el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) que emite el gobierno estatal y que es requisito para que los negocios puedan iniciar operaciones en el Estado de México, el sector empresarial del Estado de México reiteró puntos que se deben analizar para mejorar y sobre todo evitar la corrupción durante el proceso del trámite.
Juan Felipe Chemor Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) del Valle de Toluca, señaló que para las más de 17 mil empresas que conforman la Canaco en 68 municipios del territorio mexiquense, es importante que se contribuya a la mejora regulatoria y que los negocios tengan certidumbre jurídica con un trámite ágil, automatizado y sin corrupción.
Mencionó que si bien el área encargada del trámite en el Estado de México ya cuenta con una plataforma automatizada, lo que se busca es que esta no sea desperdiciada y se mejore para contar con tiempos cortos y que los negocios de bajo impacto puedan realizar el trámite en menos de diez días, de alto impacto en 60 y la procedencia jurídica en tres días hábiles.
“Es importante que exista una herramienta como el Dictamen Único de Factibilidad como estaba hecha en origen, en donde estaba pensado como un trámite único que evitaría que los empresarios tuvieran que ir a diferentes instancias a realizar sus trámites”, comentó.
No pasarlo a municipios
Asimismo, enfatizó la importancia de que los trámites no recaigan en los municipios ya que podría tardar el proceso y requeriría de equipos de trabajo en cada municipio, situación que podría malgastar recursos y exponer a los negocios a temas de corrupción al no contar con la gente necesaria para que los trámites sean ágiles.
En tanto, Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones del Estado de México (Concaem), indicó que si bien el trámite ya es largo, pasarlo al ámbito municipal lo atrasaría aún más, pues indicó que “esta no es una solicitud de permiso que se hace ante la autoridad, es un trámite de gestión que realiza la propia autoridad con sus dependencias y quitárselo al gobierno estatal para pasarlo a los municipios retrasaría los procedimientos, pues los municipios tendrían que pedirle a cada dependencia de gobierno que le rinda cuentas por cada uno de los trámites, lo que sería más costoso y más tardado”.
Asimismo, coincidió en que en caso de que el trámite se traslade a los municipios, estos no tendrían la facilidad económica, las competencias y las capacidades para poder realizar trámites de este tipo, debido a que, por ejemplo, deberían tener expertos en la materia realizando o al menos entendiendo los trámites estatales.
Además, consideró que se ampliarían las posibilidades de corrupción debido a que se tendría más contacto con autoridades diversas, lo que se evitaría si se mantiene el contacto directo con una sola autoridad.
