Primero Editores / Ingrid Ahumada

Toluca, México.- Con el fin de analizar cambios en la ley a fin de retirar el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) por lo que resta del año, empresarios de Concaem acordaron trabajar con diputados de Morena en la Legislatura local.

Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente de Concaem, explicó que, también trabajarán en un ajuste de la actual ley, en aras de fomentar la llegada de inversiones a la entidad ante las condiciones adversas que se enfrentan en materia económica, derivado de la pandemia de Covid-19.

En este sentido indicó que tras la propuesta de la eliminación del DUF, presentada por la Comisión de Desarrollo Económico, Concaem manifestó al presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández y a la diputada Mónica Álvarez Nemer, una serie de propuestas que garanticen un verdadero impacto en la llegada de negocios y el destrabe de inversiones pendientes.

Entre las propuestas se encuentran: la implementación de un programa para la desregulación de la actividad empresarial, que permita la identificación de ineficiencias, duplicidades y sobre regulación de actividades productivas, tanto en la esfera estatal como municipal.

Así como la abrogación de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, que ha sobre regulado diversas actividades económicas de nulo y bajo riesgo, además de la revisión de las principales regulaciones del Código Administrativo del Estado de México y sus reglamentos.

También la participación del Órgano Superior de Fiscalización y de la Secretaría de la Contraloría, en la supervisión permanente del funcionamiento de la Comisión Estatal de Factibilidad del Estado de México, que garantice el cumplimiento de tiempos establecidos y sancione ante negligencias que impidan el cumplimiento de los objetivos de la Ley y, finalmente, la Aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como del Código Penal del Estado de México, en materia de Obstrucción de Inversión, a fin de evitar retrasos en la prestación de trámites y servicios asociados con la construcción y apertura de empresas.

“Falta la fiscalización de esos procesos, falta que la Secretaría de la Contraloría y que realice una función muy puntual de verificar qué autoridades están cumpliendo y qué autoridades no están cumpliendo con los términos determinados por la ley, sin importar que la ley esté perfecta, no va a pasar nada si no hay sanciones para todos aquellos funcionarios que no cumplen y que evaden la responsabilidad que les corresponde legalmente para que con ello se pueda dar la eficiencia y puntualidad en los trámites que ya están determinados por ley”, indicó Sauza Martínez.

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