- El gobernador también tiene tiempo de meter a la cárcel a aviadores y aquellos que se enriquecieron ilícitamente
Toluca, Méx.- Alfredo del Mazo Maza está a tiempo de que resuelva los temas que dejó pendientes en su administración, tal como otorgar libertad a las personas injustamente presas en el Estado de México.
También tiene tiempo de meter a los delincuentes de cuello blanco que andan en la calle como si nada, a los funcionarios que se sirvieron del recurso público para llenar sus bolsillos, tal como es el caso del excoordinador de comunicación social del gobierno estatal Jorge Alberto Pérez Zamudio, a quien destituyeron por violar la veda electoral, difundiendo información desde su poder en perjuicio de la ahora gobernadora electa Delfina Gómez.
Sin embargo, dicen los que saben que durante su estancia en el gobierno estatal, se enriqueció a manos llenas, pues de no tener nada, se hizo de propiedades, tiene una residencia subterránea, en Cocoyoc, Morelos; además de que metió a muchísimos aviadores que hasta hace apenas unos días ya renunciaron, los cuales incluso ganaban más que los que realmente trabajaban y eso lo dicen los mismos trabajadores de la Coordinación de Social, que por obvias razones omitimos sus nombres.
Sin olvidar que no solo cobraban cheques sin hacer nada, sino que además gozaban con prestaciones y derechos como es el caso del ISSEMYM, al que por cierto, dejaron lacerado, sin recursos, con adeudos, dañando a cientos de usuarios y pensionados.
Con respecto a los familiares de los injustamente presos, el diputado y proponente de la Ley de Amnistía en el Estado de México, Max Correa, expresó sus respetos a las familias de las personas injustamente presas que, desde hace varias semanas, se mantienen en plantón afuera del Palacio de Gobierno para exigir ser escuchadas por el gobernador.
“Están resistiendo en las peores condiciones. Ya antes habían hecho una huelga de hambre y las instituciones y el Estado les ofrecieron diálogo y un mecanismo para encontrar justicia, pero no fue así. Les suspendieron ese espacio con el Poder Judicial, la Fiscalía estatal, el Poder Ejecutivo, la Comisión de Derechos Humanos del estado, incluso con la Legislatura mexiquense”.
El también presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de México advirtió que para construir justicia con dignidad y paz en la entidad, “se debe restablecer el diálogo para que las personas que son criminalizadas por ser pobres no tengan que recurrir a expresiones extremas como las que hemos tenido estos días.
Confío en que se abra nuevamente el espacio, y se den las condiciones para retomar el diálogo, no solo con el gobernador, también con el Poder Judicial, la Legislatura y la CODHEM, “y de esta forma encontrar alternativas de atención y solución a las justas demandas que no han sido escuchadas al momento”.
Max Correa recordó que durante la pasada legislatura mexiquense se recibieron alrededor de 700 solicitudes de Amnistía por delitos de alto impacto, mientras que las solicitudes de delitos de fuero común se tramitaron casi de manera directa con el Poder Judicial.
“Este tema es una asignatura pendiente del Estado de México y, en los casos de delitos de alto impacto, tenemos un retraso, por lo que la Legislatura y el Poder Judicial tienen que encontrar un mecanismo que permita atenderlos”. apuntó.
El diputado reconoció la complejidad de este tipo de casos, por lo que, a quienes solicitaron la Amnistía, se les puso como condición contar con recomendaciones de organismos de Derechos Humanos para evitar que se colaran verdaderos delincuentes a un programa, a una ley que tiene como propósito hacer justicia a los injustamente presos y a las víctimas de delitos.
Respecto a los alcances de la Ley de Amnistía en la entidad mexiquense, su autor consideró que no hay comparación con otros estados: “Fuimos más allá de la propuesta hecha por el Presidente, logrando al momento la liberación de 3 mil personas aproximadamente.
“El mayor porcentaje son hombres y se ha aplicado también en delitos de alto impacto, pero en bajo número, que no rebasa los dos dígitos, y es ahí donde tenemos que poner más atención, porque sin lugar a dudas se cometieron alteraciones al debido proceso y se fabricaron delitos a personas inocentes”, afirmó.
Finalmente, Max Correa consideró que la situación que enfrentan las personas injustamente presas y sus familiares es parte de la crisis de Derechos Humanos que se vive en el estado de México, que tiene que ver con la falta de sensibilidad política de las autoridades estatales para construir paz y justicia para la gente.
