Por Veneranda Mendoza.
Toluca, Méx.- La austeridad en el Poder Judicial también alcanzará a las entidades federativas con la reforma federal que se planea en la materia, advirtió el senador Ricardo Monreal.
Anticipó que, de concretarse las modificaciones, en las entidades federativas las Legislaturas locales tendrán un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a las leyes locales.
De manera específica, se dirigió a Sodi Cuéllar: “señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, viva la austeridad también para ustedes. Saludos”.
Monreal Ávila aclaró que con las modificaciones ningún derecho laboral de los trabajadores está en riesgo, de manera que se encuentran garantizadas las pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos, y prestaciones y obligaciones laborales previstas en la norma.
Por el contrario, destacó que la propuesta de reforma establece que se extinguirán fondos, fideicomisos, mandatos, contratos análogos y demás instrumentos no previstos en una ley secundaria.
Explicó que una vez que la norma sea aprobada, al Poder Judicial se otorgará un plazo de 90 días para enterar la totalidad de los recursos remanentes aglutinados en estos instrumentos y serán concentrados en la Tesorería de la Federación.
Admitió que una de las principales inquietudes de la iniciativa se centra en el costo de la elección de jueces y magistrados, e indicó que un primer cálculo realizado por actuarios y especialistas del Instituto Nacional Electoral (INE) –como instancia que organizará los comicios- prevé un gasto de entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos por única ocasión, que podrían ser costeados con los 23 mil millones de pesos de los fideicomisos judiciales.
“Para nosotros la austeridad sí es un deber y una política de Estado”, enfatizó. Por esta razón, expuso que una de las primeras medidas para que así ocurra es hacer efectivo el artículo 127 constitucional que dispone que ningún servidor público gane más que el presidente de la República.
También anticipó la desaparición del haber de retiro para los jueces, magistrados y ministros, que es una suerte de pensión equivalente a su salario al cien por ciento los primeros dos años y al 80% los años siguientes hasta la muerte. Precisó que el total del sueldo tabular de los ministros es de 300 mil pesos en promedio, integrado por sueldo base, compensación garantizada y previsión social.
El haber de retiro además incluye 568 mil pesos de aguinaldo equivalentes a 40 días de sueldo al año, aunque ya no estén en activo; un seguro de vida por 12 millones de pesos para ministros y ministras y sus cónyuges; y pago por defunción por un millón 189 mil pesos para ayuda de gastos funerarios.
Los ministros en retiro también gozan de un seguro de riesgos por 640 mil pesos los primeros años; prima vacacional de 95 mil pesos equivalentes 10 días de su salario durante los primeros años; disponen de cinco personas de apoyo, incluidos dos choferes y tres técnicos de distinta categoría, y otras cinco personas para seguridad, todas pagadas por el erario.
De igual manera, reciben el reembolso total por la compra de medicamentos, se les asignan dos Suburban blindadas con costo promedio de 3 millones de pesos, se les otorgan 22 mil pesos mensuales para gasolina, se les da el reembolso de cualquier pago por mantenimiento de las Suburban, apoyo para pago de peaje en autopistas y respaldos en aeropuertos, restaurantes y otros servicios. “No más pensiones vitalicias”, insistió.
Esgrimió que los jueces de distrito además tienen derecho a pensiones complementarias equivalentes a 52 mil pesos mensuales y reciben más 33 mil pesos por mes por las del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
