Toluca, Méx.- La aprobación de la “Ley Mochila Segura” pondrá a la vanguardia al Estado de México en materia de seguridad en planteles educativos públicos y privados, porque en otra entidad no se ha legislado con una propuesta tan articulada, que otorgará certeza jurídica a los procedimientos preventivos aplicados en las escuelas para reforzar las medidas de seguridad en beneficio de más de 4.5 millones de alumnos con pleno respeto a sus derechos humanos, afirmó el integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Emiliano Aguirre Cruz.
En el pleno de la LXI Legislatura, luego que las y los integrantes de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Derechos Humanos, y Seguridad Pública y Tránsito aprobaron la “Ley Mochila Segura”, impulsada por el diputado, quien destacó, se buscan ambientes sanos para este sector, no les podemos fallar, que las autoridades estatales facultadas garanticen la seguridad escolar con pleno respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
En el dictamen, se señala “estamos de acuerdo en que no podemos criminalizar a niñas, niños y adolescentes de la entidad, toda vez que se estaría violentado con sus derechos humanos fundamentales reconocidos en los diversos ordenamientos legales, por ello la presente propuesta legislativa pugna porque se refuerce la seguridad de manera progresiva en planteles educativos, existiendo una mayor participación de autoridades, la comunidad escolar en general, así como también generar mayores mecanismos que protejan a las próximas generaciones”.
El diputado Emiliano Aguirre al dar lectura al dictamen, elaborado en comisiones legislativas, tras el análisis y discusión de las y los legisladores de la iniciativa con proyecto de decreto, quienes determinaron que es procedente, reformar y adicionar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, la Ley de Educación del Estado de México, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Ley de Seguridad del Estado de México, apuntó coincidieron en el sentido de que la garantía para el respeto de los derechos humanos es una materia prioritaria, así como la seguridad de niñas, niños y adolescentes.
El legislador de la 4T subrayó, uno de los objetivos es desarrollar la legislación apegada a la Constitución Federal materializando el sustento y contenido formal de acciones y programas como lo es en este caso “Mi Escuela Segura” Operativo Mochila con pleno respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes con las respectivas medias proporcionales que deban de considerarse a fin de salvaguardar los propios educandos.
Así como, mandatar de manera expresa a las autoridades facultadas el realizar, coordinar o autorizar acciones tipo “Mochila Segura” dentro de los planteles educativos de nivel básico, además de incluir otra serie de acciones que coadyuven en la seguridad de niñas, niños y adolescentes que acuden a escuelas en territorio mexiquense.
Además, que las autoridades estatales realicen el seguimiento y evaluación constante de acciones, proyectos y programas en materia de seguridad escolar a efecto de mitigar la comisión de delitos y riesgos de seguridad en las escuelas, para lo cual deberán de identificarse zonas y planteles educativos con vulnerabilidad o susceptibilidad de esta preocupante problemática social.
De acuerdo, al artículo tercero transitorio del proyecto de decreto, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México contarán con cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la entrada en vigor de este decreto, para la expedición del Protocolo de operativos o programas que impliquen la revisión o inspección de mochilas o bolsos de niñas, niños y adolescentes.
Y en el cuarto transitorio, las autoridades educativas, deberán contar con carta firmada por los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de los educandos, en la cual manifiestan su autorización para la revisión de mochilas o bolsos.
Así mismo, se llevarán a cabo reuniones informativas y de participación con los educandos respecto de los objetivos del Protocolo, a efecto de ejecutar las acciones y medidas en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para salvaguardar los derechos y principios contenidos en la misma.
