Toluca, Estado de México.- Después de que un joven se suicidara en las galeras municipales de Nicolás Romero, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) recomendó a la presidencia municipal mejorar y garantizar los derechos.

Al respecto, este martes se ha dado por cumplida la Recomendación 22/2017, dirigida a la Presidencia municipal de Nicolás Romero por el fallecimiento de una persona al interior de la cárcel local, al comprobar la transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como la vulneración al deber objetivo de cuidado por parte de los servidores públicos.

La investigación de oficio se inició tras la publicación de una nota periodística que refería el suicidio de un joven en las galeras municipales, quien fue asegurado por la policía municipal y puesto a disposición del Oficial Calificador, el cual instruyó su ingreso a dicho espacio, pero omitió darle garantía de audiencia así como la correspondiente certificación médica.

De acuerdo con el expediente, el actual gobierno local encabezado por el alcalde Armando Navarrete López, cumplió con las medidas de satisfacción y no repetición establecidas para cada uno de los siete puntos recomendatorios, a efecto de evitar que se vuelva a presentar la situación en casos similares.

El gobierno municipal hizo del conocimiento el caso al Órgano de Control Interno, a la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento y a la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, para que determinaran la responsabilidad de las personas servidoras públicas relacionadas; y remitió copia certificada de la Recomendación a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos para los efectos a que haya lugar.

El Ayuntamiento presentó constancias para regular la correcta actuación de las funciones conciliadora-mediadora y calificadora, a fin de que cada Oficialía tenga su respectivo titular por turno; del cumplimiento del perfil de los titulares establecidos en la Ley Orgánica Municipal de la entidad; de las gestiones para que el oficial mediador-calificador cuente con la certificación específica, y de la elaboración del reglamento de las oficialías mediadora, conciliadora y calificadora.

Tras la separación de funciones de los oficiales mediador conciliador y calificador, se impartieron cursos de capacitación en derechos humanos para profesionalizar a oficiales calificadores y elementos de seguridad pública municipal; y se emitió una circular sobre la obligatoriedad que tienen para observar los principios de legalidad y seguridad jurídica, libertad personal, debido proceso y deber objetivo de cuidado.

También se instruyó al personal de la corporación policiaca a acatar el Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, así como la observación general No. 21 sobre trato humano de las personas privadas de libertad, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Se elaboraron y aplican los formatos correspondientes para la remisión policial, certificación médica, garantía de audiencia, orden de arresto, registro de ingreso y debida custodia; ya se cuenta con personal médico para la certificación del estado psicofísico de las personas presentadas; se utiliza el formato de debida custodia, a fin de que los servidores públicos encargados de la cárcel municipal, las cámaras de vigilancia del centro de comunicaciones, cómputo, control y comando C4, se responsabilicen de su tarea y realizan la vigilancia permanente tanto al interior de la galeras como en las videocámaras.

Por último, se presentó la constancia que acredita que los elementos de Seguridad Pública municipal de Nicolás Romero obtuvieron la certificación de las evaluaciones de control de confianza que les permita continuar con su función.

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