Primero Editores / Ingrid Ahumada M.
Toluca, México.- El acceso a la información, la transparencia y la claridad con la que son asignados contratos y licitaciones a nivel nacional no debe ser una manera de pasar por encima de los derechos fundamentales de personas o empresas de nuestro país, comentó Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem).
Dijo que la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional en el Senado de la República para hacer una modificación del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información representa una alerta, pues puede convertirse en un problema serio derivado del escenario de inseguridad que vive el país.
Explicó que con dicha medida se pretende que cuando sea asignado un convenio de licitación, contratación de servicios o proveeduría para el servicio público, también se haga pública información sensible de la empresa contratada.
Dicha información gira en torno a su acta constitutiva, escrituras, la publicación de los nombres de los integrantes de la junta o consejo directivo y su domicilio fiscal, situación que calificó como insostenible debido a las condiciones de inseguridad por las que actualmente atraviesa México en general.
El líder empresarial refirió que, esta información puede convertirse en un arma peligrosa para detonar secuestros, asaltos y extorsiones para quienes se encuentran dentro de la iniciativa privada.
“Como sector nunca vamos a estar en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, pero ya se tienen herramientas para garantizar que no haya conflicto de intereses o tráfico de influencias, (…) estamos hablando de la creación de una base de datos para extorsionadores y delincuentes, que además podría no dar los resultados esperados”, denunció.
Aseguró que específicamente se tienen entes fiscales y las contralorías de las entidades así como la Ley de contabilidad gubernamental para realizar esta labor por lo que obligar a la iniciativa privada hacer el trabajo de la autoridad y además ponerse en riesgo -dijo- es una decisión irresponsable.
Sauza Martínez indicó que, a través de la Ley de Contabilidad Gubernamental se puede saber si una obra se llevó a cabo o no, la manera como se asigna del contrato y si cumple con los estándares que se habían establecido.
Precisó que en el caso de la iniciativa privada además cuenta con algunos otros entes de fiscalización, como lo es el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las direcciones locales de verificación que hacen análisis específicos de cómo operan las Empresas.
Finalmente dijo que uno de los puntos en los que dijo es indispensable poner atención es la verdadera aplicación que se está haciendo de los recursos a nivel federal, ya que solamente durante el primer semestre del año se tiene un subejercicio de 174 mil millones de pesos, situación que no ha sido explicada por la autoridad.Área de archivos adjuntos
