Por Veneranda Mendoza.
Toluca, Méx.- Afirma el diputado local Samuel Ríos Moreno, presidente de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático en el Congreso mexiquense, que la reforma judicial local es inimpugnable también en sus modificaciones secundarias.
Recordó que los partidos políticos están impedidos para impugnar la reforma judicial, ante la posibilidad de que el Revolucionario Institucional (PRI) recurra los cambios al Código Electoral del Estado de México por realizarse 17 días antes del inicio del proceso de elección de jueces y magistrados, y no respetar el periodo de veda legislativa que prohíbe modificar esta norma en los 90 previos.
El procedimiento, precisó, puede ser controvertido sólo por quienes participen en él (los aspirantes) o por los ciudadanos que se sientan afectados.
El morenista apeló a entender el contexto de las modificaciones secundarias: “no podemos ir a un proceso electoral de jueces y magistrados sin reformar el Código Electoral estatal, es un tema de congruencia y de legalidad y certeza para quienes aspiran”, dijo.
Además, precisó, la reforma judicial local es un mandato que viene desde la Constitución Federal y debe ser acatado por las entidades federativas. Lo anticonstitucional, indicó, habría sido no realizar las adecuaciones.
Ríos Moreno negó que los cambios fueran realizados en “fast-track” o acuñados en Lerdo 300 (por el Gobierno estatal); indicó que en el diseño participaron diversas instituciones a las que se escuchó, plantearon inquietudes, observaciones y propuestas, como el propio Poder Judicial estatal, y los Institutos Nacional Electoral (INE) y Electoral del Estado de México (IEEM).
“Se han escuchado distintas opiniones, ha habido reuniones, no es producto de la imaginación ni una imposición, se tomaron en cuenta diversos criterios, alineados a la reforma federal”, afirmó.
El legislador refirió que siempre lo nuevo va a generar inestabilidad, pero romper paradigmas puede dar la oportunidad de corregir lo que no funciona. Los cambios, indicó, buscan erradicar la corrupción instalada en el Poder Judicial.
“No se puede descalificar un proceso antes de que inicie”, manifestó, tras calificar como lógico que la reforma se abra a debate.
También consideró que cualquier propuesta de reforma al Poder Judicial, aprobada antes o después, habría resultado del desagrado de la oposición, con quien será difícil coincidir y, por ello, habría buscado desacreditarla en el momento que fuera.
