Toluca, Méx.- La diputada de Morena, Azucena Cisneros Coss, presentó un Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se Exhorta a los titulares de la Secretaría de Controlaría del Estado de México, del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias fiscalicen, investiguen y sancionen las faltas administrativas y hechos probables de corrupción y violencia política en razón de género, cometidos por el C. Jorge Alberto Pérez Zamudio, ex coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México.
“De forma discrecional, sin reglas claras, sin mecanismos de control interno y usando los fondos públicos bajo criterios clientelares y tráfico de influencias, así operó el ex coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, Jorge Alberto Pérez Zamudio al menos 2 mil 352 millones 803 mil 072 pesos en presupuestos asignados a comunicación social entre 2018 y 2022. Presupuesto que también sirvió para coaccionar y corromper periodistas y medios”, señaló en la tribuna del Congreso Mexiquense.
Puntualizó que lo anterior quedó evidenciado la semana pasada, cuando el coordinador de la campaña de Morena en el actual proceso electoral, Horacio Duarte Olivares, dio cuenta de una “campaña negra” intramuros orquestada desde las oficinas de Comunicación Social de Palacio de Gobierno, en contra de la candidata de Morena a la gubernatura, Delfina Gómez Álvarez, “ejerciendo de esta manera violencia política en razón de género, al infundir calumnias en contra de la candidata de Morena”.
Subrayó que “de acuerdo con la evidencia documental proporcionada por periodistas que se negaron a acatar las órdenes de Pérez Zamudio y conscientes de la trascendencia del actual proceso electoral para la vida democrática del Estado, el comunicador emitía libelos y comunicados falsos desde las oficinas públicas de comunicación social del gobierno mexiquense, que encabeza Alfredo Del Mazo Maza, utilizando para ello los recursos públicos designados a esa área de la administración pública”.
Así, con las pruebas recabadas, que fueron aportadas por los propios periodistas, se establece que “Pérez Zamudio desviaba los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros de la coordinación de comunicación social que presidía, en la campaña negra contra Delfina Gómez, por lo que se hace necesaria, urgente una amplia y profunda investigación para esclarecer el uso y aplicación de los recursos públicos de la Coordinación de Comunicación Social”, detalló.
Cisneros Coss, apuntó, que en el periodo “delmacista” de estos cinco años y medio, el coordinador general de Comunicación Social ocupó dicho cargo mientras transcurrieron por lo menos dos procesos electorales uno en el 2018, para renovar el Congreso Local y los 125 ayuntamientos, además del Congreso Federal y la presidencia de la República, así como la del 2021 para renovar el Congreso Local y los ayuntamientos, “por lo que ante la evidencia de su desempeño y políticas, es urgente que se investiguen las políticas de uso de recursos públicos para el intento de control de medios que implanto Jorge Pérez Zamudio esos años”.
Y denunció que reporteras y reporteros sufrieron hostigamiento y persecución por parte de Pérez Zamudio y sus subalternos.
Motivo, por el que consideró que “la gestión de Pérez Zamudio pasará a la historia no solo como una de las más corruptas en el manejo de medios, también como una de la más oscuras, pues las agresiones oficiales contra representantes de medios de información, crecieron en este sexenio que agoniza”.
Por lo que exigió una investigación sobre la evolución patrimonial a Jorge Pérez Zamudio y exhortó al Sistema Estatal Anticorrupción, para que inicie una denuncia formal de solicitud de investigación, ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la comisión de probables violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México.
Tras lo anterior puso a consideración del Congreso Mexiquense el presente Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, mismo que fue aprobado por las diputadas y los diputados.
