Por Veneranda Mendoza.
Toluca, Méx.- Podrán ser investigados hasta durante siete años en el caso de las conductas graves y cinco por faltas no graves, los servidores públicos municipales que, en el marco del proceso de entrega-recepción, omitan, oculten o sustraigan información a las nuevas administraciones, advirtió Miroslava Carrillo, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
Tras recordar que es atribución del OSFEM emitir lineamientos para regular los procedimientos de entrega-recepción a nivel municipal, lo que ocurrió esta semana, indicó que los servidores públicos salientes están obligados a entregar toda la información pública, mientras los electos deben recibir datos pertinentes, veraces y oportunos para que conozcan el estado que guarda la administración pública municipal.
Fundamentalmente en los casos en los que las administraciones cambiarán de filiación, no descartó que algunos servidores municipales pretendan negar, ocultar o desaparecer información.
Empero, en estas circunstancias, recordó que las administraciones entrantes tienen una primera oportunidad de 90 días para conocer el universo de la información, detectar inconsistencias y denunciarlas.
La auditora superior del Estado de México admitió, también, que en la práctica muchas veces las nuevas administraciones detectan faltantes a los ocho meses o al año, pero indicó que en ese caso las contralorías y áreas administrativas todavía tienen oportunidad para exigir al ex servidor público la información.
Incluso, alertó, se les podrían iniciar procedimientos por la desaparición de la información, pues los entes públicos son responsables de los archivos, y “si no hubiera un documento, tendríamos la obligación de reponerlo”.
En este entendido, precisó que el procedimiento se puede iniciar en cualquier momento, dado que el nuevo sistema anticorrupción plantea que las faltas graves se pueden perseguir hasta siete años, y cinco las no graves.
La sanción por esta conducta, indicó, dependerá de la autoridad resolutora: un tribunal o la Contraloría de Poder Legislativo.
