Ciudad de México.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que apruebe un fallo que garantice el acceso a la justicia para la familia de Fátima Quintana Gutiérrez, una niña de 12 años asesinada en Lerma, Estado de México, en 2015.
Tras casi una década de lucha, la SCJN votará el próximo 5 de marzo el proyecto de sentencia del Amparo Directo en Revisión 5363/2023, el cual busca reconocer a los padres de Fátima como víctimas indirectas y establecer un precedente en materia de reparación del daño en casos de feminicidio.
Durante estos años, la familia de Fátima ha enfrentado amenazas, desplazamiento forzado y la pérdida de su hijo Daniel, de 16 años, quien falleció en 2020 en Monterrey, Nuevo León, por negligencia médica mientras se encontraba bajo medida de protección estatal.
El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito negó el reconocimiento formal de los padres de Fátima como víctimas indirectas del delito de feminicidio, lo que les impidió acceder a la reparación del daño. La SCJN tendrá la oportunidad de corregir esta situación y establecer que el reconocimiento de víctima indirecta no debe depender de formalismos, sino del vínculo con la víctima y el impacto sufrido por la familia.
El OCNF, que ha acompañado a la familia de Fátima durante ocho años, enfatizó que el proyecto de sentencia también plantea la inconstitucionalidad de los topes normativos en la determinación de reparaciones, así como la responsabilidad del Estado en la prevención del feminicidio.
El Estado de México registra dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Entre 2022 y 2024, se documentaron 1,052 asesinatos de mujeres, de los cuales solo el 28% se investigaron como feminicidios. Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta 31,180 mujeres desaparecidas en la entidad.
Si la SCJN aprueba el proyecto, se reconocerá a los padres de Fátima como víctimas indirectas y se ordenarán medidas de satisfacción y no repetición por parte del Estado de México. Esta decisión sentaría un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad y la violencia feminicida en el país.
El caso de Fátima Quintana Gutiérrez resalta la urgencia de fortalecer las políticas de prevención de la violencia feminicida y garantizar que el Estado cumpla con su responsabilidad en la protección de los derechos de mujeres y niñas. La decisión de la SCJN podría consolidar un marco de justicia basado en el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género.
