Primero Editores / Ingrid Ahumada M.

Toluca, México.- Los operadores de la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) y de la Secretaría de Seguridad (SS) deben redoblar esfuerzos para establecer protocolos de seguridad y no permitir que se filtren videos, imágenes o audios de las personas que se encuentran reclusas o en algún proceso legal, pues los involucrados son revictimizados, señaló Jorge Olvera García, titular de la Comisión de Derechos Humanos (Codhem).

Después de que se filtró un audio sobre una supuesta llamada que Oscar, también conocido como el feminicida de Toluca, realizó a su madre una vez que fue detenido, el titular de la comisión indicó que esto para los derechos humanos se considera una flagrancia.

“Es muy delicado por la seguridad que ellos deben de tener, sean falsas o verdaderas, la fiscalía tendrá los peritajes correspondientes, pero afecta porque menciona el nombre de una de las víctimas y eso para los derechos humanos se considera una flagrancia, un atentado en contra de su seguridad y de sus derechos humanos”, indicó.

En la llamada, Oscar menciona que corre el riesgo de que lo maten dentro del penal, ante ello, la Codhem -dijo- ya platicó con la SS para ofrecerle la seguridad necesaria, así como proteger sus derechos humanos, aunque también asegurar que el no tome como pretexto este tipo de acciones para sustraer algunas acciones de la justicia.

Caso Tlanixco

El ombudsman, indicó que en cuanto al caso Tlanixco, en el que los seis involucrados habían sido sentenciados a 50 años de prisión y a multas pecuniarias por los delitos de homicidio calificado y privación de la libertad, y cuyo marco de proceso jurisdiccional fue afectado por la vulneración a las prerrogativas fundamentales de dichas personas, dijo que no solicitan que el caso se registre en el catalogo de atención a víctimas.

“Que se respete en el futuro la actividad de los defensores de los derechos humanos, sea cual fuere su procedencia y el caso”, comentó.

Estamos solicitando a través de la Secretaría de Justicia que los pueden indemnizar y apoyar debido a los años que perdieron al estar internos desde el 2003 a la fecha.

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