Toluca, Méx.- La reciente decisión del Gobierno Federal de fijar el precio de la gasolina regular en 24 pesos ha encendido las alarmas entre empresarios y analistas económicos, quienes advierten sobre las posibles consecuencias de esta medida. Inflación, aumento del huachicol y la pérdida de competitividad en el sector son algunos de los riesgos que enfrenta el país si se implementa este control de precios.
Competencia en riesgo: Empresas independientes bajo amenaza
La medida podría afectar gravemente a las marcas independientes que han ganado terreno en el mercado mexicano. Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, advirtió que fijar el precio de los combustibles en 24 pesos cuando el costo de venta de Pemex supera en algunos estados esa cifra, podría generar el cierre masivo de estaciones de servicio.
“Si no se aplica el subsidio al IEPS de las gasolinas, se deja a las empresas enfrentar el problema solas y una empresa sin rendimientos no tiene razón de ser”, señaló Massud Martínez. El empresario enfatizó que esta situación podría derivar en un estancamiento de la inversión en el sector y una mayor concentración del mercado en manos de Petróleos Mexicanos.
El regreso del huachicol: Un peligro latente
La fijación de precios podría incentivar el crecimiento del mercado negro de combustibles, mejor conocido como huachicol. Cuando el precio oficial no refleja los costos reales del producto, los consumidores buscan opciones más económicas, lo que da pie a la proliferación de venta ilegal.
Históricamente, el huachicol ha representado no solo pérdidas millonarias para el Estado, sino también un aumento en la inseguridad, al tratarse de una actividad vinculada con el crimen organizado. La fijación de precios podría abrir nuevamente la puerta a este flagelo que en años recientes había sido contenido.
Impacto inflacionario: Efecto dominó en toda la economía
El costo de los combustibles influye directamente en los precios de bienes y servicios en todo el país. Massud Martínez advirtió que las empresas destinan hasta el 15% de sus gastos a la logística y transporte de mercancías. Un precio artificialmente bajo podría derivar en escasez, afectando toda la cadena productiva y encareciendo productos de consumo básico.
El empresariado hizo un llamado al gobierno para buscar soluciones conjuntas que no recaigan únicamente en la iniciativa privada. Plantearon la necesidad de un acuerdo nacional donde se considere mantener el subsidio al IEPS y establecer mecanismos que permitan un equilibrio entre el costo real y el impacto social.
“Necesitamos un compromiso mutuo; el gobierno y las empresas debemos trabajar juntos para evitar un golpe inflacionario que afecte a toda la población”, concluyó Massud Martínez.
La decisión de fijar precios puede parecer un respiro temporal para los consumidores, pero los riesgos latentes podrían afectar severamente la estabilidad económica del país. El reto es encontrar un punto medio que garantice precios accesibles sin dinamitar la competencia ni reactivar actividades ilícitas que ya habían sido contenidas.
