Primero Editores Ingrid Ahumada M.
Toluca, México.- Aunque el gobierno federal anunció que el Tren Interurbano México-Toluca estará listo y en funciones para el 2022, los comuneros del Estado de México no creen que sea así, ya que además de que no existe comunicación entre la nueva administración y los comuneros de San Juan Coapanayan y San Jerónimo Acazulco, también permanecen vigentes tres amparos de suspensión de la obra en ciertos tramos, informó Santiago Pérez Alvarado, abogado de los ejidatarios.
En entrevista, precisó que han buscado “por todos los medios” que las obras avancen en el mejor de los términos siempre y cuando se incluya un plan integral sustentable pues aseguró que “no se pueden seguir haciendo obras de esta naturaleza sin que se incluya en la base a las personas, el cuidado de sus recursos naturales y el respeto a los Derechos Humanos”.
Así indicó que, la suspensión de la obra va del kilómetro 28 al 32 en San Juan Coapanoaya y del 32 al 36 en San Jerónimo Acazulco en dirección a la Ciudad de México.
“Lamentablemente las intenciones del presidente (Andrés Manuel López Obrador) no serán como quiere porque los equipos al frente de la obra son los mismos que en la administración federal anterior”.
Amenazas en su contra
Denunció que han incrementado los malos tratos y las amenazas contra los ejidatarios y contra él por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de las empresas constructoras, aun con el oficio que emitió la Secretaría de Gobernación, para concluir todas las denuncias contra este tipo de movimientos civiles.
“Lamentablemente el equipo de abogados que estuvo encabezando la ferroviaria cuando estuvo a la cabeza Guillermo Navárez nos presentó denuncias penales, se iniciaron carpetas de investigación contra 50 comuneros y contra el abogado y finalmente solamente se integró una carpeta en contra del abogado. (…) Buscan hostigarnos y reprimirnos para que no estemos manifestando las inconformidades que hay”, añadió.
Ante lo anterior reiteró que, la obra avanzará sólo si hay negociación sobre la preservación de los recursos naturales, pues de lo contrario aseguró que no van a retirar los amparos interpuestos.
“No se trata de afectar a nadie solo que haya un desarrollo sustentable en la región donde además hay trabajo de comuneros que se dedican al turismo porque están dentro de la zona de La Marquesa”, enfatizó el abogado representante.
Recordó que el gobierno del Estado de México en la etapa anterior estuvo como mediador y enlace para la solución de conflictos, sin embargo, en esta última etapa dijo que el Gobierno Federal ha asumido toda la responsabilidad y aunque ya pudieron externarles sus inconformidades hacen falta mesas de trabajo para dar solución al problema.
También destacó los que comentarios que hizo en su momento el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, al decir que esta es una de las obras más caras y que mayor corrupción ha presentado, por ello, -dijo- el gobierno federal debería poner mayor atención en el tema.
