Toluca.- Los siete servidores públicos municipales del Estado de México detenidos el pasado 22 de noviembre seguirán en prisión y el próximo 27 y 28 de noviembre serán sus audiencias para determinar su situación legal.
En total, siete servidores públicos municipales fueron detenidos el pasado viernes. La operación fue coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la Fiscalía del Estado de México.
Detalles de los imputados
María Elena “N”, presidenta municipal de Amanalco, fue investigada por el delito de homicidio calificado. Su audiencia se fijó para el 27 de noviembre a las 8:45 horas.
Ellery Guadalupe “N”, director del DIF municipal de Tonatico, enfrenta cargos por secuestro con fines de extorsión. Su próxima audiencia será el 28 de noviembre a las 8:45 horas.
Rodolfo “N”, director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca, también es investigado por secuestro con fines de extorsión. Su audiencia está programada para el 27 de noviembre.
Roberto “N”, jefe de región de la Dirección de Seguridad Pública de Ixtapaluca, enfrenta el mismo delito. Su audiencia será el 27 de noviembre a las 10:00 horas.
Eraclio “N”, Director de Seguridad Pública de Tejupilco, está bajo investigación por secuestro con fines de extorsión. Su audiencia se realizará el 27 de noviembre a las 8:45 horas.
Omar “N”, subdirector de Seguridad Pública de Naucalpan, enfrenta cargos por extorsión. Su audiencia está programada para el 27 de noviembre a las 8:00 horas.
Manuel Alejandro “N”, Director de Seguridad Pública de Amanalco, es investigado por secuestro con fines de robo. Su audiencia será el 27 de noviembre a las 11:15 horas.
Medidas cautelares establecidas
La Autoridad Judicial impuso medidas de prisión preventiva justificada para los siete servidores públicos municipales. Los imputados continuarán en los Centros de Reinserción de Almoloya de Juárez, Otumba, Texcoco, Tenango y Cuautitlán.
La operación busca esclarecer la participación de los servidores públicos en los delitos investigados. Las audiencias programadas determinarán los próximos pasos legales para cada uno de los imputados.
