Por primera vez, los pueblos originarios decidirán el uso de los recursos asignados para su desarrollo y bienestar

Ciudad de México.- En un hecho sin precedentes, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, firmó el convenio para la creación del Componente Indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), asegurando que las comunidades indígenas mexiquenses, al igual que otras 13 mil en el país, tengan el control sobre los recursos económicos destinados a su desarrollo.

Durante su participación en el Encuentro Nacional Municipal, convocado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Gobernadora destacó la importancia de este acuerdo como un acto de justicia social y un paso fundamental para garantizar los derechos de los pueblos originarios, quienes por primera vez recibirán los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de forma directa.

Recursos para transformar comunidades

“Este convenio es un acto histórico, no solo para reconocer los derechos plenos de nuestras comunidades indígenas, sino para fortalecer su bienestar social y económico. Desde el Estado de México, trabajaremos unidos para garantizar que los recursos lleguen y beneficien a quienes más los necesitan”, expresó Delfina Gómez Álvarez.

El acuerdo permitirá a las comunidades originarias decidir cómo utilizar los recursos asignados, priorizando obras clave como acceso al agua, construcción de caminos seguros y fortalecimiento de la infraestructura básica en sus territorios.

Unidad para el desarrollo equitativo

El evento reunió a los gobernadores de las 32 entidades, 630 presidentes municipales, representantes de partidos políticos y alcaldes electos por usos y costumbres. La Gobernadora mexiquense destacó la importancia de la unidad entre los tres órdenes de gobierno para enfrentar juntos los retos de desarrollo: “México es un país grandioso y mientras permanezcamos unidos no hay problema que no podamos resolver.”

Con esta acción, Delfina Gómez reafirma el compromiso del Gobierno del Estado de México con la justicia social y la transformación equitativa de las comunidades más vulnerables, marcando un precedente histórico en la relación entre las autoridades y los pueblos originarios del país.

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