Toluca.– Las comisiones legislativas del Congreso del Estado de México aprobaron la iniciativa presentada por la diputada Leticia Mejía García (PRI), dirigida al Congreso de la Unión, con el fin de otorgar mayores facultades a las entidades federativas para prevenir y combatir la tala ilegal y la extracción forestal no autorizada. La propuesta busca que los estados puedan actuar de manera directa sin depender de convenios con la Federación.
Durante la sesión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Agropecuario y Forestal, legisladores de Morena, PVEM, PRI y MC coincidieron en que la reforma fortalece la coordinación institucional para ofrecer una respuesta más oportuna frente a los delitos ambientales.
Reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Estados podrán realizar labores de inspección y vigilancia
El dictamen plantea reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para establecer que la Federación mantendrá la facultad de emitir normas y lineamientos técnicos sobre inspección y vigilancia, mientras que las entidades federativas podrán ejecutar directamente esas tareas. De este modo, los gobiernos estatales podrán implementar acciones de prevención y combate a la tala ilegal sin depender de acuerdos federales.
Asimismo, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tendrían la atribución de participar en las inspecciones y labores de vigilancia bajo la coordinación de las autoridades estatales. Con ello, se busca una actuación más cercana al territorio y una atención inmediata ante la comisión de delitos ambientales.
Objetivo y alcance de la iniciativa
Responde a la necesidad de mayor capacidad operativa
La diputada Leticia Mejía explicó que la propuesta atiende la limitada capacidad operativa frente al aumento de la tala ilegal en el país, ya que las funciones de inspección están actualmente reservadas a las autoridades federales. Por ello, consideró necesario que los estados cuenten con atribuciones legales para proteger los recursos forestales y asegurar la preservación de la cadena de valor de los bosques.
A propuesta del PVEM, se incluyó un artículo transitorio que establece que las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones jurídicas necesarias para fortalecer sus capacidades en materia de prevención, inspección, restauración y vigilancia forestal, en un plazo no mayor a 180 días hábiles desde la entrada en vigor del decreto.
Posturas de los legisladores
Congresistas coincidieron en reforzar la coordinación ambiental
El diputado Esteban Juárez Hernández (Morena) señaló que la reforma permitirá una actuación más eficaz y fortalecerá la justicia ambiental. A su vez, la legisladora Angélica Pérez Cerón destacó que la propuesta respalda a las comunidades que organizan acciones de cuidado forestal.
La diputada Paola Jiménez Hernández observó la necesidad de definir mecanismos de financiamiento e indicadores de efectividad para garantizar resultados. En tanto, el legislador Octavio Martínez Vargas recordó que la tala ilegal ha sido un problema persistente y subrayó la importancia de una vigilancia constante.
Por parte del PVEM, la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina reconoció que el dictamen incorporó observaciones de su bancada, fortaleciendo su solidez institucional. Desde MC, Maricela Beltrán Sánchez destacó que la iniciativa promueve una responsabilidad compartida entre Federación, estados y municipios, mientras que Ruth Salinas Reyes pidió establecer sanciones específicas para servidores públicos implicados en delitos ambientales.
