Toluca.– La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México aprobó sanciones de hasta 15 años de prisión para quienes obligaran o promovieran el matrimonio infantil. La iniciativa establece penas más severas en casos donde las víctimas sean menores con discapacidad o pertenecientes a pueblos indígenas o afromexicanos.
De acuerdo con la propuesta presentada por los diputados Pablo Fernández de Cevallos González y Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN), las penas aplican a quienes induzcan, gestionen o faciliten uniones forzadas entre personas menores de edad, ya sea con fines económicos o sin ellos. También incluye los casos en que los padres o tutores participen en este tipo de actos.
Reforma al Código Penal estatal
La iniciativa busca garantizar la protección de menores de edad
La reforma al Código Penal del Estado de México prevé sanciones de entre cinco y diez años de prisión y de mil a cuatro mil días multa. Además, las penas podrán incrementarse hasta en una mitad cuando el delito se cometa con violencia o en contra de personas con discapacidad o pertenecientes a comunidades indígenas o afromexicanas. En esos casos, las condenas podrían alcanzar hasta 15 años de prisión y seis mil días multa.
Durante la sesión, presidida por la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), se destacó que el Estado tiene la obligación de actuar como garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, la reforma reconoce su dignidad y autonomía, estableciendo que ninguna costumbre o tradición puede justificar el matrimonio infantil.
Legisladores respaldaron la medida
Congresistas señalaron que la reforma fortalece la protección de la niñez
El diputado Vladimir Hernández Villegas (Morena) leyó el dictamen e indicó que la medida reafirma el compromiso institucional con la protección integral de los derechos de la infancia. Por su parte, el legislador Octavio Martínez Vargas (Morena) señaló que el matrimonio infantil contribuye a los altos índices de embarazos adolescentes y afecta la continuidad educativa de los jóvenes.
La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) reconoció que la propuesta fortalece el marco legal para erradicar los matrimonios infantiles y destacó la incorporación de agravantes para casos de violencia, discapacidad o pertenencia a grupos vulnerables.
